Santa Fe manda a la compactadora más de 35 mil vehículos: qué se hace antes de destruirlos

La provincia de Santa Fe superó los 35.000 vehículos secuestrados reducidos a chatarra y llegó a las mil unidades policiales fuera de servicio compactadas. El operativo forma parte de un plan de vaciamiento y ordenamiento que abarca 19 depósitos judiciales y dependencias policiales.

La nueva etapa del procedimiento arrancó en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ubicado en Tarragona 750 bis, en la zona noroeste de Rosario.

La meta es liberar los espacios que se usan para seguridad y frenar los problemas logísticos y sanitarios que genera la acumulación de vehículos abandonados durante largos períodos.

No todo termina en la compactadora

Los ministerios de Justicia y Seguridad y de Gobierno dispusieron que los rodados incautados no vayan directo a destrucción. Antes pasan por una evaluación técnica que define qué se hace con cada uno.

Subasta pública: los vehículos que conservan buen estado general y valor de mercado quedan seleccionados para que la Aprad los remate.

Donación: las unidades que no salen a remate pero mantienen componentes útiles pueden cederse a instituciones educativas, como escuelas técnicas, para prácticas de taller.

Compactación: los rodados y patrulleros totalmente deteriorados o en desuso definitivo van a la compactadora.

Un registro digital para seguir cada vehículo

Para agilizar el relevamiento, la administración provincial cambió el sistema de registro. Cada vehículo secuestrado en distintos puntos del territorio se carga ahora en una plataforma web interna que permite saber en tiempo real dónde está y en qué estado se encuentra.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que ese registro digital permite evaluar junto con la Dirección de Compactaciones y el Ministerio de Seguridad "qué bienes deben preservarse", cuáles están en condiciones de rematarse o donarse y cuáles deben ser destruidos.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, señaló que los mil patrulleros en desuso compactados hasta la fecha "generaban problemas logísticos y de salud pública por la acumulación de chatarra en espacios destinados a la seguridad".

Del inicio de la jornada en Rosario también participó el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.