Santa Fe manda al Senado una ley clave: qué pasará con las tobilleras para agresores

El Ejecutivo provincial dio un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género: ingresó al Senado el proyecto que obliga a los jueces a actuar con rapidez y eficacia frente a las denuncias. La iniciativa, que será votada en las próximas semanas, busca terminar con las dilaciones que en muchos casos terminan en tragedia.

El anuncio había sido anticipado en septiembre por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. Ahora la Casa Gris formalizó el texto en la Cámara alta, donde esperan obtener media sanción antes de que el expediente pase a Diputados.

El espíritu de la norma es contundente: "Ahora nadie puede mirar para otro lado". La frase resume el objetivo central de una ley que apunta a que ningún operador judicial pueda escudarse en formalismos para demorar una protección urgente.

Un semáforo para medir el riesgo

Para unificar criterios y evitar que cada juez actúe según su propio entender, el proyecto establece un sistema de niveles de riesgo que los agentes del Estado deberán seguir al pie de la letra: bajo, medio, alto y crítico. La clasificación condiciona la urgencia y el tipo de medida a adoptar.

El texto también crea un registro digital de antecedentes de la persona denunciada. Ese historial deberá ser consultado por los magistrados al momento de evaluar cada caso.

"La valoración inicial debe ser realizada por los organismos y agentes que tomen el primer contacto con la situación y no pueden demorar la adopción de medidas urgentes", sostiene el proyecto en uno de sus pasajes centrales.

Jueces con competencia inmediata

Uno de los puntos más sensibles es el que involucra a los magistrados. La ley aclara que, cuando se requiera una medida de protección inmediata, cualquier juez que tome conocimiento del caso está facultado para actuar, aunque luego deba derivar la causa al fuero competente o al Ministerio Público de la Acusación.

La prioridad es dictar la protección "sin demorar las actuaciones". Recién después se remiten las actuaciones al órgano que corresponda. Ni la comunicación con el equipo interdisciplinario ni la búsqueda de antecedentes pueden convertirse en un obstáculo para esa acción urgente.

El proyecto también apunta a evitar la revictimización: se deben evitar entrevistas, evaluaciones e informes repetidos que sometan a la víctima a un desgaste innecesario, y aprovechar los antecedentes ya producidos por organismos especializados.

El antecedente de las tobilleras duales

La norma llega para poner orden en un terreno que ya mostró fisuras. Hace casi un año, el gobierno santafesino presentó las tobilleras duales como herramienta para impedir el acercamiento del agresor a la víctima. Sin embargo, la implementación no tuvo la fluidez esperada: actualmente se usan apenas 27 de las 200 disponibles, y las restantes generan gastos de mantenimiento.

Según señalaron en el Ejecutivo, la baja utilización se explica por la novedad del dispositivo, pero también por los escasos pedidos de los jueces de Familia y Penales de Santa Fe y Rosario. Las críticas apuntan especialmente al fuero familiar de la ciudad de Rosario.

A mediados de 2026 se realizó una reunión de coordinación entre Seguridad y los magistrados para destrabar la situación, pero la medida aún no alcanzó el impacto buscado. La ley que ahora discute el Senado busca establecer pautas claras para el uso de estas herramientas.

Qué cambia para las víctimas

El proyecto crea el "Sistema Provincial de Gestión del Riesgo frente a la Violencia por Razones de Género", con foco en la detección temprana de situaciones que pueden agravarse si faltan medidas de prevención. La evaluación del riesgo será contextual, acumulativa y dinámica: podrá actualizarse ante nuevos hechos, antecedentes o incumplimientos.

Las medidas restrictivas recaen sobre el agresor y no sobre la persona protegida, salvo en casos excepcionales. El abanico va desde prohibiciones de acercamiento y contacto hasta la exclusión del hogar, el monitoreo electrónico, los dispositivos de alerta, la custodia policial y la protección patrimonial y económica. También contempla la violencia digital, el hostigamiento y la persecución.

El juez podrá ordenar el desarme preventivo cuando el agresor posea armas o se presuma su existencia. Y el artículo 59 le otorga la facultad de disponer un arresto conminatorio ante un incumplimiento grave, como medida excepcional y cuando exista un riesgo concreto y actual.

Registro único y equipo especializado

La iniciativa crea el "Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección por Violencia de Género", que funcionará en la órbita del Ejecutivo y se alimentará con información del Poder Judicial, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa.

También se conforma un equipo interdisciplinario de asistencia técnica especializada, con competencia provincial y dependencia del Ministerio Público de la Defensa. Estará a cargo de un director con remuneración equivalente a la de un juez de Primera Instancia, mandato de cinco años, posibilidad de una sola reelección e inamovilidad durante ese período. Su designación requerirá acuerdo legislativo.

Además, se crea un "Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas" para cubrir gastos inmediatos como traslados, alojamientos, medidas de seguridad y comunicaciones. La ley deberá incluirse en el presupuesto anual para garantizar los cargos necesarios.

Un efecto ordenador

Desde la Secretaría de Género aclararon que muchas de las cuestiones incluidas en el proyecto ya estaban en funcionamiento o dispersas en leyes más antiguas. La iniciativa, dicen, ordena, actualiza y refresca normas indispensables para una protección efectiva.

El texto comenzó a tratarse en el Senado y esperan que en las próximas semanas obtenga media sanción. Luego deberá pasar a Diputados, donde es probable que haya más debate por la presencia de otras iniciativas presentadas sobre el mismo tema.

Foto: Archivo / La Capital