Santa Fe pide apartar a cuatro jueces de la Corte: ¿Pueden ser imparciales en una causa que los afecta?

El Gobierno provincial solicitó que cuatro ministros del máximo tribunal se excusen de analizar los amparos contra la reforma previsional, argumentando un posible conflicto de intereses. La medida apunta a magistrados que están actual o próximamente alcanzados por el mismo régimen jubilatorio que está en discusión, un planteo que ya fue rechazado por la Corte santafesina y ahora busca ser revisado por la Corte Suprema de la Nación.

¿Cuál es el conflicto de intereses?

La presentación de la Fiscalía de Estado solicita el apartamiento de los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder. El argumento central es que estos magistrados se encuentran, de manera actual o inminente, dentro del régimen previsional provincial que está siendo judicializado.

Según detalla el planteo, uno de los ministros, Rubén Weder, ya es jubilado del sistema (con el beneficio suspendido mientras ejerce), y otro, Eduardo Spuler, presentó su renuncia para acogerse al retiro. Los otros dos, Falistocco y Gutiérrez, han manifestado públicamente su intención de jubilarse en el corto plazo.

El principio que pone en juego la Provincia

La solicitud se fundamenta en el principio jurídico de que “nadie puede ser juez en su propia causa”, pilar del debido proceso y la imparcialidad judicial. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, fue contundente: “Estos jueces tienen un interés directo, actual e inminente en el resultado de la causa. Si ellos van a ser beneficiarios del mismo régimen previsional que está siendo discutido, terminan siendo jueces de su propia causa”.

La Corte Suprema de Santa Fe ya rechazó este planteo de recusación, considerándolo improcedente. Ante esta decisión, el Ejecutivo provincial interpuso un recurso extraordinario federal para que la cuestión sea finalmente revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que desató la polémica judicial

El conflicto se enmarca en la judicialización de la reforma previsional sancionada por la Legislatura, que introdujo cambios para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Una de las medidas más polémicas fue el establecimiento de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más altos, además de un aporte solidario para beneficios superiores.

Estas modificaciones motivaron que jubilados y pensionados presentaran acciones de amparo. De un total de 117 personas que recurrieron a la Justicia para evitar el tope, 36 obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores y actualmente perciben haberes que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos. De esos 36 casos, 33 corresponden a jubilados provenientes del Poder Judicial.

El impacto económico de la reforma

Al defender la norma, Boasso aseguró que permitió “salvar el sistema previsional” de Santa Fe. El funcionario brindó cifras contundentes: “En 2025 el déficit fue de 311 mil millones de pesos. Sin la reforma habría superado los 650 mil millones. Es decir, la reforma permitió reducir prácticamente a la mitad el desequilibrio del sistema”.

Además, remarcó que el diseño de la reforma buscó una distribución del esfuerzo, aplicando el aporte solidario únicamente a quienes perciben las jubilaciones más altas. “Fue una medida redistributiva que pidió un esfuerzo mayor a quienes más ganan dentro del régimen”, concluyó Boasso, subrayando la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de mantener el sistema provincial.