Santa Fe quiere lanzar recompensas sin pedirle permiso a la Fiscalía y avanza con un plan de desarme

El Gobierno de Santa Fe quiere mover el tablero en materia de seguridad. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, confirmó que el Ejecutivo busca ampliar sus facultades para ofrecer recompensas por prófugos sin depender de un pedido previo de la Fiscalía, y que analiza un programa de desarme voluntario para sacar armas de circulación.

La funcionaria detalló los cambios en el marco de la discusión legislativa sobre herramientas para mejorar el sistema de seguridad pública. Hoy, las recompensas solo se otorgan cuando la Fiscalía las solicita.

Más autonomía para el Ejecutivo

“Hoy las recompensas son exclusivamente a solicitud de la Fiscalía”, explicó Masneri en declaraciones a LT10. La intención del Gobierno es poder impulsar búsquedas especiales y ofrecer un incentivo económico en aquellos casos en los que la Justicia ya haya pedido la captura de una persona, pero no haya requerido una recompensa para obtener información sobre su paradero.

La funcionaria señaló que al Poder Ejecutivo le interesa desarrollar medidas propias que permitan sumar recompensas a determinadas búsquedas y ampliar el alcance del programa.

Qué muestra la web de los más buscados

Masneri también se refirió a la renovación de la página web destinada a difundir información sobre personas buscadas, los montos de las recompensas y los canales para aportar datos a las autoridades.

Según precisó, la plataforma reúne aproximadamente 20 personas especialmente buscadas, aunque aclaró que ese número no representa la totalidad de quienes tienen un pedido de captura vigente. La diferencia es que no todas las personas buscadas por la Justicia reúnen las condiciones para integrar el listado de los más buscados o contar con una recompensa.

El sitio también incorpora información sobre personas con búsqueda de paradero y casos sin resolver, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar datos que contribuyan al esclarecimiento de delitos.

Masneri sostuvo que la renovación apunta a facilitar el reconocimiento de las personas buscadas y dar mayor visibilidad a las recompensas disponibles. Además, remarcó que, ante la posibilidad de cruzarse con alguien que figure en la página, no se debe intentar interceptarlo ni establecer contacto, sino informar a las autoridades.

Recompensas de hasta $70 millones

El sistema contempla distintos montos según las características de cada caso. De acuerdo con lo explicado por Masneri, existen escalas para delitos culposos y búsquedas de paradero, homicidios y homicidios especialmente complejos.

En esta última categoría se consideran circunstancias particulares, como posibles vínculos con bandas narcocriminales, el tiempo transcurrido o situaciones dudosas alrededor del hecho investigado.

La funcionaria señaló que las recompensas por los casos más complejos parten de los 25 millones de pesos y que el monto máximo llega a 70 millones de pesos por información que permita dar con Matías Gazani, uno de los prófugos más buscados.

Además, aseguró que el mecanismo continúa activo y confirmó que la semana pasada se abonó una de las recompensas.

La posibilidad de un plan de desarme voluntario

Otro de los ejes que el Ejecutivo pretende incorporar es la creación de programas de recompensas vinculados al desarme voluntario. La propuesta apunta a incentivar la entrega de armas y evitar que permanezcan en circulación, especialmente cuando se trata de armamento en situación irregular.

“Para el Poder Ejecutivo es trascendente porque vamos más atrás de la prevención del delito, vamos directamente al objeto que lo causa”, explicó Masneri.

La funcionaria planteó que la tenencia ilegal de un arma puede derivar en distintos hechos delictivos, ya sea porque se utiliza para cometer un delito, se vende o se adquiere con esa finalidad. Por eso, consideró que promover el retiro voluntario de armas podría convertirse en una herramienta preventiva.

La iniciativa todavía forma parte de las alternativas que el Gobierno busca desarrollar y no fue presentada como un programa ya implementado.

Masneri también mencionó las dificultades que enfrentan quienes buscan declarar o regularizar un arma en la provincia. En ese marco, advirtió que existen casos en los que credenciales vencidas convierten en irregulares armas que anteriormente estaban en situación legal.

La funcionaria reconoció que se trata de una problemática que excede las competencias provinciales, ya que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) depende del Gobierno nacional.