Santa Fe revela su plan para aplicar la baja de imputabilidad: ¿qué pasará con los menores?

El gobierno de Santa Fe asegura que está listo para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Con detalles sobre tobilleras electrónicas, centros especializados y penas máximas, la provincia busca disipar las dudas sobre su capacidad operativa.

Mientras el reloj avanza hacia el 5 de septiembre, fecha en que entrará en vigencia la nueva ley nacional, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, salió a dar garantías: la provincia no parte de cero y ya tiene gran parte de la estructura necesaria para aplicar el nuevo sistema.

En declaraciones a Radio 2, el funcionario detalló que se están realizando los últimos ajustes normativos y operativos para recibir a los adolescentes de 14 a 17 años que queden bajo la órbita penal.

¿Qué dice la nueva ley?

La normativa, sancionada por el Congreso, deroga el régimen vigente desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años, con una finalidad declarada de educación, resocialización y reintegración social, además de la atribución de responsabilidad penal.

Una de las claves es que la pena máxima será de 15 años, y no será aplicable la prisión perpetua, como lo explicó el propio Cococcioni: "La pena aplicable tiene una reducción y tiene un tope. En el caso de los menores no es aplicable por ley la perpetua, tiene un tope de 15 años".

La respuesta a las críticas

El anuncio provincial llega después de las advertencias del juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, quien había expresado dudas sobre la existencia de recursos, instituciones y equipos profesionales suficientes para implementar integralmente la reforma.

Desde la Casa Gris respondieron que Santa Fe ya cuenta con herramientas legales y físicas: un Código Procesal Penal Juvenil desde 2023, una ley de ejecución de la pena sancionada en diciembre de ese año, y los institutos juveniles existentes.

Lo que resta, según explicaron, es un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que definirá qué tipo de establecimiento corresponderá según cada medida judicial.

¿Cómo será el esquema de detención?

La ley nacional establece que los adolescentes privados de la libertad deben estar en establecimientos específicos, con personal especializado y sin contacto con adultos. Para cumplirlo, Santa Fe proyecta un sistema de tres niveles:

El primer escalón será la prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas. El segundo, los establecimientos de puertas abiertas, a cargo de personal civil. Y el tercero, los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), para los delitos más graves, con un régimen cerrado similar al penitenciario pero adaptado a menores.

Cococcioni también aclaró que habrá dos grandes grupos de respuestas: medidas alternativas a la prisión, similares a las intervenciones que ya realiza el área de Niñez, y medidas privativas de la libertad, que quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Con este esquema, la provincia busca transmitir que está preparada para afrontar el desafío, aunque las dudas de los especialistas aún resuenan en el aire.