Santo Tomé avanza con el traspaso del agua a ASSA: el detalle que aún puede frenarlo
Santo Tomé ya tiene la ordenanza promulgada para negociar con ASSA, pero el Concejo se guardó una carta: cualquier acuerdo que toque bienes, deudas o personal deberá volver a pasar por el recinto. Qué votaron los bloques y por qué la sesión terminó caliente.
El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, promulgó la Ordenanza N.º 3.788/2026, la norma que habilita al municipio a sentarse a negociar con la Provincia para que Aguas Santafesinas SA (ASSA) se haga cargo de los servicios de agua potable y desagües cloacales. El texto, sancionado por el Concejo el 13 de octubre y firmado por el mandatario el jueves 15, ingresó este martes 20 a las tablas del cuerpo deliberante.
La medida no implica que el traspaso esté concretado: habilita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a iniciar las actuaciones administrativas y técnicas para incorporar a la ciudad al régimen de la Ley Provincial N.º 11.220, bajo la órbita de la empresa estatal.
Qué permite exactamente la norma
Con la firma del intendente, el Ejecutivo queda facultado para suscribir preacuerdos, convenios marco e instrumentos de evaluación técnica, operativa, patrimonial y financiera con las autoridades de ASSA y del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia.
El propio texto de la ordenanza aclara los límites: "La ordenanza autoriza a iniciar las conversaciones e instrumentos técnicos con el Gobierno provincial y ASSA, pero no implica que el traspaso esté concretado. Cualquier modificación patrimonial, financiera o laboral requerirá el aval del Concejo".
El doble candado que puso el Concejo
Para resguardar la autonomía y el patrimonio municipal, la norma exige que el Ejecutivo envíe al Concejo para su tratamiento y aprobación específica todo convenio o instrumento que implique tres supuestos: la asunción de nuevas obligaciones económicas o financieras para las arcas municipales; la disposición o transferencia de bienes patrimoniales del Municipio; y modificaciones en la situación de la planta de personal municipal afectada hoy a los servicios de saneamiento.
En la práctica, cualquier acuerdo que comprometa bienes, deudas o trabajadores deberá pasar por una nueva votación del cuerpo legislativo antes de avanzar.
Una sesión que dividió al recinto
La sanción no fue pacífica. La iniciativa del oficialismo reunió seis votos a favor y tres en contra en una sesión caldeada, con diferencias centradas en tres ejes: la necesidad de garantizar un plan de inversiones concreto por parte de la provincia para optimizar la red domiciliaria, la preservación de los derechos laborales de los trabajadores sanitarios municipales y el nivel de injerencia que mantendrá el municipio en la fiscalización de las tarifas una vez que se concrete la eventual transferencia.
Qué viene ahora
Con el marco legal ya promulgado, se abre la etapa de comisiones técnicas mixtas entre el Municipio, el Ministerio de Obras Públicas y ASSA. Esas mesas deberán confeccionar el diagnóstico operativo que determine la viabilidad final del traspaso, un paso que todavía no tiene fecha de resolución.