¿Qué pasará con Uber en Santo Tomé y cuánto pagarán los remises? El Concejo ya discute seis proyectos que cambian las reglas del juego, pero el detalle que más preocupa a los vecinos todavía no se resolvió.
El Concejo Municipal de Santo Tomé puso en marcha un debate que puede transformar la forma en que los vecinos se mueven por la ciudad. En la sesión del martes 27 de octubre, el cuerpo tomó conocimiento de seis iniciativas legislativas que buscan reescribir las reglas del transporte privado de pasajeros: desde habilitar plataformas como Uber hasta aliviar los costos de los remiseros tradicionales.
Los proyectos llegan de dos veredas políticas bien marcadas. Por un lado, la concejala Giselle Miravete, de La Libertad Avanza; por el otro, los ediles del Partido Justicialista Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell. Cada bloque propone un camino distinto para ordenar un sector que ya funciona de hecho, pero que la normativa local todavía no reconoce del todo.
La apuesta de La Libertad Avanza: desregular y habilitar las apps
Miravete estructuró su propuesta en tres ejes que apuntan a derribar las barreras que hoy frenan el desembarco de las empresas tecnológicas de transporte en la jurisdicción santotomesina.
El primero es la derogación de la Ordenanza 3411/2020, la norma que sanciona el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones en la ciudad. El proyecto no solo elimina la prohibición: también propone perdonar las multas y actas de infracción que se hayan labrado por aplicar esa normativa.
El segundo eje es la habilitación de plataformas con tratamiento preferencial. La iniciativa contempla un registro municipal gratuito, libertad tarifaria de mercado y una flexibilización de los requisitos de antigüedad y equipamiento tanto para vehículos como para choferes independientes.
El tercer punto es una regulación integral conjunta, de mayor alcance, presentada recientemente para unificar bajo una misma norma a remiseros y conductores de aplicaciones. Entre las novedades, el texto plantea que los remises puedan levantar pasajeros en la vía pública sin la intermediación obligatoria de la central telefónica.
La propuesta del PJ: convivencia regulada y un canon para las calles
El bloque justicialista eligió otro enfoque: permitir la convivencia de ambos sistemas, pero con contraprestaciones tributarias para el municipio. El primer proyecto crea el Sistema Municipal de Transporte Privado, un registro oficial de choferes y unidades de plataformas que exige verificación técnica vehicular (VTV), seguros obligatorios para terceros y pasajeros, y documentación al día. La norma, además, habilita a los remises tradicionales a sumarse a las aplicaciones sin perder su estatus.
El segundo punto es el canon de 80 MET (Módulos Económicos Tributarios) mensuales que deberán pagar los prestadores de aplicaciones. Lo recaudado tendrá un destino específico: la reparación y pavimentación de calles en la ciudad. Los remiseros que ya tributan la Tasa de Registro e Inspección (DREI) quedarán exentos de ese pago.
El paquete se completa con una reforma al régimen de remises, un proyecto complementario que busca simplificar la habilitación de agencias, las renovaciones de licencias y las condiciones de la flota vehicular local.
