Schoklender rompió el silencio y soltó una bomba: el centro de investigación que armó con Aníbal Fernández para denunciar al PRO

Sergio Schoklender amplió su declaración indagatoria en el juicio por la causa “Sueños Compartidos” y admitió que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos. Durante la audiencia, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo defendió el proyecto social y reveló detalles explosivos sobre un centro de investigación financiado por el Estado para hacer denuncias contra funcionarios del PRO.

Schoklender aseguró que en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se armó un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini. El objetivo: realizar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”, que eran presentadas por el abogado Eduardo Barcesat.

¿Quién financiaba las denuncias?

Según Schoklender, Barcesat convenció a Bonafini de que pidiera los recursos a Fernández para “comenzar a realizar” esas denuncias. Entre los destinatarios de las acciones judiciales estaban Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano.

Además, el exapoderado mencionó otras fuentes de financiamiento de la Fundación: donaciones del exterior, aportes de figuras del espectáculo, festivales y contribuciones de Hugo Chávez, de las que admitió que “alguno se perdió en el camino”. También afirmó que la organización funcionaba como “un aparato militante del kirchnerismo” por indicación de Bonafini.

Las críticas al perito de la Corte

En relación con las obras, Schoklender sostuvo que la única que se suspendió fue en Almirante Brown “porque nos habían entregado un basural”, pero que luego se construyeron proyectos adicionales como un centro de salud en El Impenetrable, con casa para el encargado y espacio para helicóptero en emergencias.

El exfuncionario criticó duramente al perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, al afirmar que “da vergüenza ajena lo que escuchamos acá”. Según Schoklender, al consultar a las provincias le confirmaron que las viviendas “estaban todo funcionando”.

Por su parte, la perito contable María Eleonora Feser agregó que los libros contables presentados por la Fundación tenían asientos sin respaldo documental como facturas o comprobantes de transferencias.

Las claves del juicio

• El juicio por la causa “Sueños Compartidos” investiga el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos destinados a viviendas sociales.
• Los principales imputados son Sergio y Pablo Schoklender, el exministro Julio De Vido y el exsecretario José López, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
• De Vido, López y el exsubsecretario Abel Fatala son señalados como coautores, mientras que los hermanos Schoklender están acusados como “partícipes necesarios”. Empresarios y financistas como Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son “partícipes secundarios”.