¿Se acabaron los paros sin aviso? El proyecto fueguino que obliga a las escuelas a abrir sí o sí

Un proyecto presentado en la Legislatura de Tierra del Fuego busca declarar la educación como servicio público esencial, lo que obligaría a las escuelas a mantener un 75% de su actividad durante los paros. La iniciativa, impulsada por el bloque La Libertad Avanza, también establece un aviso previo de 72 horas para los sindicatos y un plan de recuperación de clases. La medida, que ya tiene antecedentes en la provincia, ahora podría convertirse en ley.

¿Qué propone exactamente?

La iniciativa establece que cada establecimiento educativo, tanto público como privado, deberá garantizar al menos el 75% de su prestación habitual durante medidas de fuerza como paros, asambleas o desobligaciones. Ese porcentaje deberá cumplirse por escuela y por turno, sin promedios generales que lo disimulen. Ninguna institución podrá cerrar completamente.

El régimen alcanza a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, incluyendo las modalidades experimentales y todas las reconocidas por la legislación vigente.

¿Quiénes están detrás de la propuesta?

Los legisladores Natalia Gracianía y Luciano Selzer son los autores del proyecto. Argumentan que la interrupción de clases afecta la continuidad pedagógica, profundiza las desigualdades y altera la vida cotidiana de las familias. Se apoyan en la Constitución Nacional, la Constitución fueguina y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras normas.

¿Qué pasa con los sindicatos?

Los gremios que convoquen una medida de fuerza deberán avisar al Gobierno con 72 horas hábiles de anticipación. El aviso debe incluir fecha de inicio, duración, modalidad y establecimientos afectados. También deberán informar qué personal cubrirá la prestación mínima y designar un interlocutor.

Las escuelas, por su parte, tendrán que informar a las familias con 48 horas de anticipación, detallando los cursos con actividad, los turnos habilitados y los servicios disponibles.

¿Cómo se controlará el cumplimiento?

El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación. Deberá organizar los recursos humanos, coordinar con directivos y supervisores, y verificar que se cumpla el porcentaje mínimo. También implementará protocolos para garantizar la apertura de las instituciones y los servicios complementarios.

Se creará un Registro Público Provincial de Días Efectivos de Clase, con actualización mensual y detalle por establecimiento. Además, el Ministerio publicará informes trimestrales y cada seis meses enviará un reporte a la Legislatura.

¿Y si no se cumple?

La autoridad confeccionará un acta con el porcentaje de funcionamiento y el personal presente y ausente. Luego podrá ordenar la regularización y remitir las actuaciones a la Secretaría de Trabajo.

¿Qué pasa con los docentes que trabajan durante el paro?

El proyecto prohíbe represalias, hostigamientos, escraches y cualquier perjuicio en la carrera laboral, los puntajes o el orden de mérito. Se habilitará un canal confidencial para recibir denuncias. También se prohíben bloqueos, ocupaciones y cierres forzados de las escuelas.

¿Qué antecedentes hay en la provincia?

No es la primera vez que se intenta. En 2018, madres de estudiantes propusieron declarar la educación como servicio público de importancia trascendental. En septiembre de 2025, otro grupo de familias impulsó un proyecto similar con un 50% de jornadas mínimas.

El gobernador Gustavo Melella también se mostró a favor en la apertura de sesiones de 2025. A nivel nacional, el senador Pablo Blanco y el diputado Santiago Pauli presentaron iniciativas en el Congreso.

La Ley nacional 27.802 de Modernización Laboral ya incluye la educación entre los servicios esenciales con un 75% de cobertura mínima. Este proyecto busca complementarla con un régimen local específico.