¿Se acabó el descuento automático? La propuesta que sacude a los empleados públicos

El diputado provincial Tiago Puente presentó un proyecto de ley para regular el uso de los códigos de descuento sobre los haberes de los empleados públicos y crear un Programa de Saneamiento Financiero destinado a trabajadores que se encuentren en situación de sobreendeudamiento. La iniciativa fue acompañada por Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, integrantes de GENERAR.

La propuesta establece reglas generales para las retenciones destinadas a terceros y busca evitar que los mecanismos administrativos de la Provincia se conviertan en una herramienta para garantizar la cobranza de créditos privados. Los autores aclaran que el objetivo no es impedir el acceso al financiamiento ni desconocer obligaciones contraídas por los trabajadores, sino regular la intervención del Estado en el cobro de esas deudas.

¿Qué originó esta iniciativa?

El proyecto surge luego de que Puente denunciara la utilización de códigos de descuento vinculados a CAPRESCA por parte de una empresa privada. El legislador presentó un pedido de informes para conocer el convenio y las condiciones de la operatoria, mientras que ahora plantea establecer reglas generales para todo el sistema.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el salario del empleado público debe servir prioritariamente para sostener a su familia y no convertirse en una garantía comercial administrada por el Estado. En ese marco, plantean establecer reglas claras para el uso de los códigos de descuento, “de modo que ninguna herramienta administrativa del Estado pueda ser cedida, prestada o utilizada para asegurar la cobranza de créditos privados”.

Más controles y transparencia

El proyecto plantea que la utilización de los códigos quede sujeta a controles y mecanismos de transparencia. Entre otras medidas, propone identificar al verdadero beneficiario de cada descuento, auditar los códigos existentes y publicar información agregada sobre el funcionamiento del sistema, sin afectar los datos personales de los trabajadores.

“Lo que proponemos es diferenciar con claridad la libertad del trabajador para disponer de su salario una vez percibido, de la utilización de la estructura estatal como mecanismo automático de cobranza”, señalan los legisladores.

Saneamiento financiero

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Programa de Saneamiento Financiero dentro de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CAPRESCA). El mecanismo estaría destinado a agentes públicos que acumulen obligaciones y hayan perdido capacidad de disponer de una parte significativa de sus ingresos.

La propuesta contempla que CAPRESCA pueda adquirir, cancelar, consolidar o refinanciar esas deudas. El objetivo es reemplazar obligaciones de alto costo por una deuda sostenible, con plazos razonables y una tasa que permita recuperar el capital sin reproducir condiciones financieras gravosas.

El proyecto incorpora también un Programa Provincial Permanente de Educación Financiera destinado a los agentes públicos, con contenidos vinculados con presupuesto familiar, ahorro, tasas de interés, costo financiero total, utilización de tarjetas, acceso al crédito y prevención de fraudes.

Antecedentes en Chubut

La discusión sobre el sobreendeudamiento de los trabajadores estatales también fue abordada recientemente por el Gobierno de Chubut. El gobernador Ignacio Torres anunció la eliminación de los códigos de descuento utilizados por mutuales, cooperativas y financieras para cobrar créditos directamente de los haberes de los empleados públicos.

Como alternativa, la provincia presentó una línea del Banco del Chubut para unificar y refinanciar las deudas. El programa contempla una tasa fija del 25%, hasta 72 cuotas y hasta 12 meses de gracia para el pago de capital, con un límite de afectación del 40% del salario. La medida alcanza a trabajadores públicos con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Torres también anticipó el envío de un proyecto a la Legislatura para establecer un nuevo marco regulatorio sobre los descuentos de haberes y las tasas aplicables a este tipo de operatorias. El mandatario justificó la medida al advertir sobre casos de trabajadores alcanzados por tasas superiores al 340% anual.