Se escapó de la UP9 mezclado entre las visitas: lo que admitió el jefe del Servicio Penitenciario

La Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida como Colonia Penal El Potrero, sumó un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre su seguridad. Un interno se evadió del establecimiento y fue recapturado minutos después, en medio de una investigación por irregularidades que ya derivó en allanamientos y en dos funcionarios apartados.

El episodio ocurrió cuando el detenido habría cruzado la puerta de contención del sector de guardia y se mezcló con las visitas que se retiraban, según la información disponible. La evasión duró poco, pero dejó al descubierto fallas en los procedimientos de vigilancia y control de egresos.

Qué reconoció Miotti

El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti, habló del tema en Radio Máxima y no esquivó la responsabilidad. “Hubo negligencia nuestra y por eso hay una investigación sumaria en curso donde los controles de seguridad fueron burlados”, afirmó el viernes 23 de octubre.

En la misma entrevista aseguró que las autoridades actuaron de inmediato: se labró el acto administrativo correspondiente y los teléfonos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía. “Nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”, sostuvo.

El funcionario enumeró las vías por las que pueden vulnerarse los controles, entre ellas la eventual intervención de familiares, internos o personal penitenciario. La determinación de responsabilidades individuales, aclaró, deberá surgir de las pruebas reunidas en las actuaciones judiciales y administrativas.

Celulares que llueven desde afuera

Miotti explicó una de las modalidades más frecuentes de ingreso de teléfonos: arrojarlos desde el exterior hacia los sectores donde se desarrollan las actividades recreativas. “Todos los días hay secuestros de celulares, que son arrojados desde afuera del penal durante los espacios recreativos”, manifestó. Según indicó, la práctica también se registra en otros establecimientos de la provincia.

Como respuesta, el Servicio Penitenciario reforzó los controles sobre el personal y las visitas. “Hemos reforzado a un 200 por ciento las requisas diarias”, afirmó el director general.

Dos funcionarios apartados y allanamientos de Gendarmería

La secuencia de hechos incluye actuaciones judiciales vinculadas con Leonardo Airaldi y escuchas que involucrarían a funcionarios penitenciarios. En ese marco se investigaron presuntas irregularidades por la presencia y el ingreso de celulares en la UP9.

Como consecuencia, dos funcionarios fueron pasados a disponibilidad. Uno es un cabo primero que se desempeñaba como celador, con contacto cotidiano con la población penal. El otro es un oficial que había ocupado la jefatura de Seguridad Interna y que, al momento de la medida, cumplía funciones en Tratamiento Correccional.

Cabe precisar que la disponibilidad es una medida administrativa y no implica una declaración de culpabilidad. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Después, Gendarmería Nacional allanó por orden judicial la Oficina de Tratamiento Correccional de la unidad y, en simultáneo, realizó otro procedimiento en el domicilio particular de un funcionario auxiliar de esa dependencia. Los allanamientos tampoco permiten atribuir por sí solos responsabilidades penales.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Entre los aspectos pendientes de información oficial figuran los resultados de los allanamientos, el avance de los peritajes sobre los dispositivos incautados y la situación administrativa actual de los agentes apartados.

La fuga, por su parte, tampoco está del todo esclarecida. No se pudo confirmar si se abrió un sumario específico por la evasión, si se dispusieron sanciones o nuevos pases a disponibilidad, ni si hubo modificaciones en los protocolos después del episodio. Tampoco se sabe qué registros fueron examinados o si se analizaron imágenes de cámaras de seguridad, elementos clave para determinar cómo se produjo la salida del interno.

La conducción de la unidad, a cargo de Lucas Dufour, también queda bajo la lupa. La responsabilidad jerárquica no supone atribuir automáticamente responsabilidad penal por hechos bajo investigación, pero la dirección de un establecimiento penitenciario comprende funciones de organización, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Queda por conocer qué medidas dispuso la dirección de la UP9 tras los allanamientos y la fuga, y si la Dirección General solicitó informes específicos o impartió nuevas instrucciones.

Una unidad de peso dentro del sistema provincial

La Colonia Penal El Potrero es la segunda unidad de Entre Ríos con mayor cantidad de internos, dentro de una población penitenciaria provincial estimada en unas 3.200 personas. Esa dimensión refuerza la importancia de conocer el alcance de las fallas y las medidas correctivas, ya que el ingreso de elementos prohibidos, la custodia de los detenidos y el control de las visitas son procedimientos esenciales de seguridad.

Miotti aseguró que no habrá encubrimiento y admitió que los controles fueron burlados. Ahora resta saber qué determinaron las investigaciones y qué cambios se implementaron. La Justicia deberá establecer las eventuales responsabilidades penales, mientras la administración penitenciaria tendrá que esclarecer las responsabilidades funcionales y explicar las decisiones adoptadas para evitar nuevos episodios en la UP9.