Se escapó del 5° piso con un arnés y una tobillera atada a un tubo con carne: la fuga que activó una recompensa millonaria

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, oficializó este martes una recompensa de 20.000.000 de pesos para quien brinde datos que permitan dar con el paradero de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó el lunes de un departamento en Monserrat donde cumplía arresto domiciliario.

La medida quedó plasmada en el Boletín Oficial. Allí se indica que los informantes pueden llamar a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Cómo sigue el operativo y qué pasa con el dinero

El texto oficial precisa que el pago se hará en la cartera de Seguridad o en el sitio que designe su titular, siempre después de que la autoridad interviniente evalúe la utilidad de la información. Se garantiza la reserva de la identidad del aportante y se aplican las condiciones de la normativa vigente.

Bertulazzi, de 74 años, estaba detenido en el departamento 5° H del edificio de Defensa 649, en el centro porteño, con una tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal. Esperaba la extradición a Italia, donde fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por actos de terrorismo.

La noche previa: un rechazo judicial que lo habría impulsado a fugarse

La noche anterior a la fuga, su abogado, Rodolfo Yanzón, le comunicó que la jueza federal María Servini, a cargo del trámite de extradición, había denegado el pedido para que el Cuerpo Médico Forense (CMF) lo examinara y determinara si podía viajar a Italia.

“En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres episodios de ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera dictamen al CMF para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y si lo llevan a Italia tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal”, relató Yanzón.

Arnés, soga y un tubo con carne de cerdo: la secuencia de la evasión

Pocas horas después de esa comunicación, Bertulazzi se escapó. No solo llevaba la tobillera electrónica, sino que en la puerta del departamento había personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con un tensiómetro para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y trepó un portón metálico para luego ganar la calle”, contó a LA NACION un detective que sigue sus pasos.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda. En las imágenes se lo ve saltar desde unos dos metros de altura, según la misma fuente. La filmación marca que la fuga ocurrió a las 6.01 del martes.

“Pensar que estaba con arresto domiciliario porque, supuestamente, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV)”, ironizó una fuente del caso.

Ahora, detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA intentan reconstruir, a partir de las grabaciones, cómo siguió la huida del exterrorista.

Quién es Bertulazzi y por qué lo reclamaba Italia

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y el DUIA, ambos de la PFA, en el mismo departamento del que se escapó. La Justicia italiana lo buscaba por secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Residía en la Argentina como refugiado desde 2004.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas figura el secuestro y posterior asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978, en cuyo operativo Bertulazzi intervino en la logística.

La agencia ANSA informó que fue “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por integrar un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”, había señalado el Ministerio de Seguridad tras su captura.

Su estatus de refugiado fue otorgado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004 y derogado 20 años después, lo que motivó la orden de detención. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera revocada por las autoridades del gobierno nacional”, explicaron fuentes oficiales.

La detención de 2024, según la información oficial, fue un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, junto a una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche. Recorría América Latina en una Honda 750, viaje que había iniciado en El Salvador, y llegó al país tras cruzar la Cordillera de los Andes.

Su vínculo con las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando resultó herido al detonar un artefacto explosivo que estaba armando. Luego fue condenado a dos años de prisión. Integró la Columna Genovesa “28 de Marzo” y usaba el nombre de guerra Stéfano. Después de esa primera pena, los tribunales italianos le impusieron la sentencia de 27 años por terrorismo.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, sostuvo Yanzón.