Se hacía pasar por agrimensor y estafó a tres familias: la condena que recibió

Un hombre que se hacía pasar por agrimensor matriculado fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras engañar a tres familias tucumanas. Carlos Maximiliano Ledesma utilizaba sellos, firmas y documentación falsificada para darle apariencia de legalidad a sus maniobras, según consta en la acusación.

El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto expuso las maniobras atribuidas al acusado y las pruebas reunidas.

Ledesma se presentaba como un profesional habilitado y ofrecía realizar mensuras, confección de planos, subdivisiones y trámites de regularización dominial y catastral. Para generar confianza entre sus víctimas, exhibía documentación que aparentaba haber sido emitida o certificada por profesionales y organismos oficiales.

Tres familias engañadas

El primer hecho ocurrió entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Una mujer de Lules lo contrató para realizar la mensura, confección de planos y subdivisión de un inmueble. Ledesma firmó y selló formularios de rogación de inscripción de planos y una autorización especial para mensura, atribuyéndose falsamente el título de agrimensor. Por esos trabajos recibió dos pagos, de $20.000 y $65.000, y entregó recibos con un sello apócrifo. Sin embargo, nunca realizó las tareas acordadas y dejó de responder a la damnificada.

El segundo caso tuvo como víctimas a tres hermanos de Banda del Río Salí. En septiembre de 2024, Ledesma se presentó como agrimensor habilitado para intervenir en trámites sucesorios y catastrales de un inmueble familiar. Con su firma y sello falsos confeccionó planos de mensura y división y les hizo firmar una rogación de inscripción de planos. Luego llevó la documentación a una escribanía para hacerles creer que los trámites estaban en marcha, pese a que los documentos carecían de validez. Por esta maniobra obtuvo aproximadamente $350.000 en concepto de honorarios y gastos.

El tercer episodio ocurrió en octubre de 2024, cuando se presentó ante otra familia como agrimensor y ofreció realizar los planos y escrituras necesarios para regularizar un inmueble en la comuna de El Naranjito. A cambio de los trabajos solicitó $160.000. Luego de recibir el dinero, habría confeccionado una resolución comunal falsa, firmada y sellada con su nombre y matrícula. Además, incorporó la firma y el sello adulterados del secretario técnico del Colegio de Agrimensores de Tucumán, el ingeniero Federico Augusto Navarro.

La maniobra quedó al descubierto

Las irregularidades comenzaron a salir a la luz en agosto de 2025, cuando una de las damnificadas acudió a su escribana para avanzar con la escrituración del inmueble de El Naranjito. La mujer presentó la documentación que le había entregado Ledesma y la profesional detectó que un supuesto informe del Registro Inmobiliario era falso. El documento incluso identificaba erróneamente a la mujer como titular dominial, cuando en realidad figuraba como poseedora.

La escribana también advirtió irregularidades en una resolución atribuida a la comuna de El Naranjito y en un plano de loteo que supuestamente había sido emitido por la Dirección General de Catastro. La situación fue comunicada al Colegio de Agrimensores de Tucumán, donde se confirmó que Ledesma nunca había estado inscripto ni matriculado. También se constató que la firma y el sello del secretario técnico habían sido falsificados.

A partir de la denuncia presentada por el apoderado del Colegio de Agrimensores, Adrián Jorge Guiringuelli, en octubre de 2025, la Justicia inició la investigación. Luego se incorporaron las denuncias de las otras víctimas. Durante la pesquisa, informes del Colegio de Agrimensores, la Dirección General de Catastro y el Registro Inmobiliario confirmaron que Ledesma no estaba matriculado y que los planos y expedientes que había presentado no figuraban en los registros oficiales.

En abril de 2026, además, se allanó su domicilio. Allí se secuestró una carpeta con fotocopias de boletos de compraventa y registros inmobiliarios, además de cinco teléfonos celulares.

Reconoció los delitos y fue condenado

Finalmente, las partes acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado. Durante la audiencia, Ledesma, asistido por la defensora Carla Valeria Aguilar Mora, reconoció su responsabilidad por los delitos de usurpación de título, en concurso real con estafa y falsificación o adulteración de documento público.

El acuerdo estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta. Entre ellas, se fijó la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas. También deberá cumplir con el resarcimiento económico acordado con los damnificados: $260.000 para la familia de El Naranjito, $150.000 para cada uno de los hermanos de Banda del Río Salí y $130.000 para la víctima de Lules.

Tras analizar la acusación y las pruebas incorporadas al expediente, la jueza Valeria Mibelli homologó el acuerdo y condenó a Carlos Maximiliano Ledesma a tres años de prisión de ejecución condicional.