Se hacía pasar por juez federal para entrar al sistema policial: lo que encontraron en sus cuentas

Un rosarino de 34 años está imputado por hacerse pasar por funcionario judicial para obtener claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La investigación, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi, todavía tiene varios interrogantes sin responder, entre ellos para qué quería acceder a la plataforma y si actuaba solo o en el marco de una red.

“Esto se hace por algún tipo de beneficio y en alguna red que estamos tratando de desentrañar”, señaló Reynares Solari en diálogo con El Contestador (Radio 2). El fiscal no descartó que el imputado buscara información sensible de utilidad para organizaciones criminales o que pretendiera introducir datos falsos en el sistema.

Correos, decretos falsos y una jueza invocada

Según la imputación, Cristian Martínez envió correos electrónicos a distintas autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional para conseguir credenciales de acceso al Sifcop. Entre fines de 2024 y mediados de 2025 se presentó falsamente como secretario de un juzgado federal porteño y también invocó a la jueza federal María Servini.

Para darle apariencia oficial a sus pedidos, en algunas ocasiones incorporó documentos falsos, entre ellos decretos y oficios judiciales. “Tenía un conocimiento de la jerga judicial en materia penal”, observó Reynares Solari.

El intento de acceso no llegó a concretarse porque personal del Servicio Penitenciario Federal denunció las maniobras, que le habían parecido sospechosas. Ahora la investigación busca determinar para qué quería ingresar al sistema. “Como mínimo, información. Y tampoco descartamos que se pretenda influir de alguna manera en la configuración de estos sistemas, introduciendo información falsa, vaya a saber con qué fines”, explicó el fiscal.

Movimientos millonarios y un perfil tributario que no cierra

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores son los movimientos económicos de Martínez. “Tiene entradas de dinero que no se corresponden con su perfil tributario”, indicó Reynares Solari.

De acuerdo con los datos reunidos en la causa, sus cuentas bancarias registraron ingresos por 41 millones de pesos en 2024, otros 34 millones durante los primeros seis meses de 2025 y 49 millones en 2026. En ese período no declaró ingresos ante ARCA, no presentó declaraciones juradas y no pagó el monotributo.

El rosarino fue detenido a fines de septiembre en los Condominios Los Pasos Fisherton 1, de Miglieri al 600. En el allanamiento secuestraron dispositivos electrónicos y una placa falsa de la Policía Federal con la que habría simulado pertenecer a esa fuerza.

Otros frentes judiciales y la sombra de una red

Martínez también tiene causas abiertas en el Ministerio Público de la Acusación por presentar documentación falsa ante el Colegio de Médicos de Rosario para obtener una matrícula y por intentar ingresar al sistema digital Sicap, del Ministerio de Salud provincial, para alterar un carnet de vacunas. A eso se suma una suspensión del juicio a prueba en la Justicia federal porteña por falsificación de documentos públicos.

“Evidentemente, su metier es ese: un simulador”, respondió Reynares Solari al ser consultado por esos antecedentes. De todos modos, aclaró que todavía deben profundizar la investigación para establecer si hay otras personas involucradas y si Martínez tenía vínculos con una red narcocriminal.

La gravedad del caso en Rosario

La Fiscalía considera que la maniobra debe analizarse más allá de la escala penal de los delitos imputados: usurpación de autoridad y de título, falsificación de documento público y tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales.

“Esto no sucede en cualquier parte, sucede en la ciudad de Rosario”, advirtió Reynares Solari. Y agregó: “Tenemos una historia en la cual personas que están en el sistema penal han utilizado elementos del sistema penal para cometer delitos, cometen y ordenan delitos desde las cárceles”. Por ese contexto, consideró que el caso tiene “una gravedad considerable” desde el punto de vista político-criminal.

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso la prisión preventiva por 90 días, a pedido de los fiscales. La defensa apeló la medida, pero Reynares Solari adelantó que la Fiscalía sostendrá la necesidad de mantener al acusado detenido para preservar la investigación.