Se hacía pasar por médica, pero lo que firmaba la delató: el acuerdo que espera un juez en Roca

La Justicia federal de General Roca tiene en sus manos la definición del caso de Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercer la medicina sin título y de falsificar documentos públicos para concretar una serie de defraudaciones que, según la investigación, superaron los 96 millones de pesos.

La mujer reconoció los hechos que se le imputaban y aceptó un acuerdo pleno que la llevaría a una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, el máximo previsto para esa modalidad. El juez de Garantías Hugo Greca escuchó los argumentos de las partes y anticipó que notificará su decisión en los próximos tres días hábiles.

Seis hechos y una trama de documentos apócrifos

El caso fue investigado por la Unidad de Casos Complejos de General Roca, con el fiscal interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas al frente. La competencia federal quedó definida el 8 de julio de 2026 y, tras tres meses de trabajo, la causa desembocó en un acuerdo pleno.

Los seis hechos fueron considerados en concurso ideal. Incluyen el ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de títulos y honores mediante instrumentos públicos nacionales falsos, en dos oportunidades. También se suman dos episodios de falsificación ideológica de instrumento público provincial, una defraudación contra la administración pública provincial a través de un documento falso y otra defraudación mediante el uso de documentación pública apócrifa.

El acuerdo, las víctimas y las clínicas

El acuerdo contó con la conformidad de las víctimas y del Ministerio de Salud de Río Negro. Las autoridades de las clínicas Roca y Juan XXIII también dieron su visto bueno, aunque no se conectaron a la audiencia por Zoom.

Para fijar la pena, la fiscalía tuvo en cuenta que Marzano no registraba antecedentes penales y que se mantuvo a derecho durante todo el proceso.

Las escalas penales y el decomiso

El ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de títulos tienen penas de entre 15 días y un año de prisión. Los delitos de falsedad documental previstos en los artículos 292, 293 y 296 del Código Penal contemplan de uno a seis años, mientras que las defraudaciones van de un mes a seis años.

Más allá de la condena, se dispuso el decomiso del instrumental médico, que será donado al Hospital López Lima. También se acordó entregar elementos informáticos a las fuerzas de seguridad para mejorar sus herramientas de investigación.

El magistrado confirmó que la resolución se conocerá en los próximos tres días hábiles.