Se hacían pasar por Rosatti desde el Penal N.º 7 de Jujuy: la llamada que los delató

Cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N.º 7 de San Salvador de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Julián Ercolini, acusados de integrar una banda que suplantaba la identidad del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para estafar y extorsionar.

Según la investigación, las maniobras se concretaban desde el interior del penal con teléfonos celulares que los sospechosos mantenían ocultos en sus celdas. Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.

La resolución señala que el grupo habría actuado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. En ese lapso, los acusados usaban el nombre del titular del máximo tribunal para obtener datos de personas detenidas y luego contactar a sus familiares con promesas de beneficios judiciales a cambio de dinero.

El modus operandi de la banda

El primer paso era llamar a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Allí se presentaban como autoridades judiciales y pedían información personal de los detenidos, además de los números telefónicos de sus allegados.

Para que el engaño resultara creíble, armaban perfiles de WhatsApp con fotos de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. Con los datos en mano, contactaban a los familiares y les aseguraban que podían gestionar libertades, fianzas o trámites judiciales a cambio de sumas de dinero.

En una de las conversaciones que quedaron en el expediente, uno de los involucrados habría admitido la maniobra: “A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.

Los pagos se recibían a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias y distintos alias. En algunos casos, las exigencias económicas llegaban hasta el millón de pesos.

Pero los acusados no solo apuntaban a familiares de internos. Según la causa, también se hacían pasar por representantes de empresas privadas y anunciaban premios inexistentes —vehículos, dinero o electrodomésticos— para luego pedir pagos por supuestos gastos administrativos.

Las víctimas y los montos

Uno de los casos investigados es el de un hombre que transfirió $450.000 tras recibir llamados en los que le prometían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue a un alias que simulaba estar vinculado con el Poder Judicial.

Otros dos damnificados habrían pagado por falsas promociones. Uno transfirió $429.500 por un supuesto vehículo, mientras que otro denunció un perjuicio estimado de entre 9 y 10 millones de pesos relacionado con un premio de telefonía satelital.

La llamada que encendió la alarma

La investigación arrancó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una llamada de un hombre que decía ser el presidente de la Corte Suprema.

El interlocutor se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó información sobre detenidos y sus familiares. Para justificar el pedido, dijo que estaba haciendo un relevamiento vinculado con derechos humanos.

La comunicación despertó sospechas y los investigadores lograron rastrearla hasta las inmediaciones del Penal N.º 7 de Jujuy. Desde ahí se dispusieron intervenciones telefónicas, cruces de líneas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos dentro del establecimiento.

En los procedimientos de diciembre de 2024 se secuestraron celulares, tarjetas SIM y libros con anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias, alias y posibles destinatarios de transferencias. Ese material permitió reconstruir las maniobras que se atribuyen a los internos.

Uno de los puntos que remarcó la resolución es que las actividades habrían continuado incluso después de los primeros allanamientos y del secuestro de uno de los teléfonos usados para las llamadas.

Para Ercolini, el uso del nombre, la imagen y la función institucional del presidente de la Corte Suprema demuestra que los imputados sabían que se estaban atribuyendo una autoridad que no tenían. Además del procesamiento con prisión preventiva, el magistrado dispuso un embargo de $5 millones sobre los bienes y el dinero de cada uno de los cuatro acusados.