Se hacían pasar por Rosatti desde la cárcel: el llamado que hizo caer a la banda
Llamaban a comisarías haciéndose pasar por autoridades judiciales para conseguir los teléfonos de los familiares. Después, con la foto de Rosatti en WhatsApp, pedían hasta 10 millones por libertades que nunca llegaban. Un llamado a la Federal terminó de destapar todo.
La Justicia federal procesó con prisión preventiva a cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N.º 7 de San Salvador de Jujuy, acusados de integrar una asociación ilícita que estafaba y extorsionaba a familiares de detenidos usando el nombre y la cara de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución la firmó el juez federal Julián Ercolini, que viene investigando la maniobra desde hace meses. Los implicados manejaban teléfonos clandestinos dentro de las celdas y, con ellos, armaban una red de engaños que llegaba hasta comisarías y dependencias policiales.
El modus operandi de la banda
Según reconstruyó la investigación, los reclusos llamaban a dependencias policiales haciéndose pasar por autoridades judiciales. Así conseguían datos de personas detenidas y, sobre todo, los números de teléfono de sus familiares.
Con esa información en mano, daban el segundo paso: creaban perfiles falsos de WhatsApp con fotos del propio Rosatti y del Palacio de Tribunales. Desde ahí contactaban a los allegados y les pedían plata con la promesa de fianzas, libertades o hasta supuestos premios de empresas que nunca existieron.
Las sumas exigidas iban de los 450 mil pesos a los 10 millones, de acuerdo con lo que determinó la causa. Las transferencias se hacían a cuentas cuyos alias quedaron anotados en cuadernos que la Policía secuestró durante los allanamientos.
Cómo se destapó el caso
El entramado empezó a desmoronarse a finales de noviembre de 2024. Un llamado sospechoso entró a la Policía Federal: del otro lado de la línea, alguien aseguraba ser nada menos que el propio Horacio Rosatti y pedía información sobre presos con la excusa de un relevamiento de derechos humanos.
Ese llamado encendió la alarma. A partir de ahí, los investigadores rastrearon las comunicaciones y llegaron hasta el penal jujeño. Los allanamientos posteriores permitieron incautar celulares, chips y los cuadernos con los alias bancarios.
Pese a los operativos, la organización siguió funcionando, según surge de la causa. Eso derivó ahora en el procesamiento con prisión preventiva para los cuatro involucrados, a quienes además se les trabó un embargo de 5 millones de pesos a cada uno.
