Se hizo pasar por juez para entrar a una base policial: lo que encontraron en su casa lo complicó
Se hacía pasar por juez y pedía claves de una base policial con correos falsos. Cuando el Servicio Penitenciario empezó a pedir precisiones, el trámite se le vino encima: lo que encontraron en los archivos que envió lo dejó detenido 90 días.
Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva por 90 días acusado de hacerse pasar por juez federal, fiscal y hasta responsable de un área de la Corte Suprema para conseguir las claves de una base de datos de las fuerzas de seguridad.
La Justicia federal avaló el pedido de la fiscalía, que lo imputa por usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público, según informó el Ministerio Público Fiscal.
La maniobra que puso en alerta al Servicio Penitenciario
El objetivo era el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una base que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos. Según la acusación, el sospechoso usó cuentas de correo falsas y oficios apócrifos para pedir las credenciales de acceso.
Los pedidos llegaron al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Fue personal de este último organismo el que detectó las irregularidades y presentó la denuncia.
La investigación quedó a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. El fiscal federal Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Ignacio Falconi reconstruyeron dos episodios que, según sostienen, terminaron de complicar al acusado.
El primer intento: una casilla que imitaba al Poder Judicial
El 5 de noviembre de 2024, el hombre habría enviado un mensaje al Ministerio de Seguridad Nacional desde una casilla que parecía pertenecer al Poder Judicial. En ese correo pidió acceso al SIFCOP y firmó con el nombre de un supuesto juez federal.
El problema: ese nombre no correspondía a ningún magistrado de ese fuero. El organismo le respondió que el trámite debía hacerse ante la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema.
Lejos de abandonar, el 20 de noviembre volvió a escribir. Esta vez usó una dirección que imitaba las cuentas del máximo tribunal y se presentó como la responsable de esa área. Los investigadores lograron rastrear el origen de las casillas y vincularlas con el imputado.
Un expediente inventado y una firma falsa
El segundo episodio arrancó el 1 de julio de 2025. Según la fiscalía, ese día el acusado creó desde la conexión de internet de su domicilio otra cuenta que simulaba pertenecer a un juzgado federal.
Al día siguiente se comunicó con el SPF. Aunque la dirección aparentaba ser de un juzgado, el encabezado del mensaje decía “Fiscalía Federal”. Desde esa casilla anunció la supuesta apertura de una denuncia y una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. Con ese argumento, volvió a pedir las claves del sistema.
Cuando el SPF le indicó que debía consultar a otra dependencia, el 3 de julio envió dos nuevos correos. En uno adjuntó un archivo que supuestamente estaba firmado por una jueza federal. La documentación tenía una inconsistencia que llamó la atención de los investigadores: a la magistrada se le atribuían funciones en un fuero distinto del que realmente tenía a su cargo.
El intercambio siguió hasta el 15 de julio, mientras el organismo pedía precisiones y requisitos adicionales. Finalmente, personal de la Subdirección Nacional del SPF advirtió las irregularidades y denunció lo ocurrido.
La detención y un antecedente que pesa
La detención del sospechoso fue autorizada el 29 de septiembre pasado. Tras la formalización de la investigación preparatoria, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva por 90 días.
En la audiencia, Falconi mencionó que el acusado tenía un proceso suspendido a prueba desde el 17 de junio de 2025 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal. En ese expediente se le había atribuido la presunta falsificación de un documento público.
La suspensión estaba vigente cuando, según la investigación, creó las cuentas falsas que usó en los intercambios de julio. Ese dato fue clave para que la fiscalía pidiera la preventiva y el juez la concediera.
