Se hizo pasar por una jueza federal y su propio error lo delató: ahora está preso en Rosario

Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario acusado de hacerse pasar por distintas autoridades judiciales para conseguir información reservada de las fuerzas de seguridad. La maniobra se extendió durante meses y cayó por una equivocación que terminó de exponerlo.

El sospechoso, identificado como Cristian Martínez, vecino del barrio de Fisherton, fue apresado el 29 de septiembre. La Justicia federal le imputa usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso que permanezca en prisión preventiva por 90 días, mientras la investigación sigue abierta.

Qué buscaba y cómo lo intentó

El objetivo era el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una plataforma que reúne datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos, incluidos los pedidos de captura. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el acusado nunca logró obtener las credenciales que pedía.

La pesquisa quedó en manos del fiscal federal Federico Reynares Solari y del auxiliar fiscal Ignacio Falconi, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Ambos reconstruyeron una serie de comunicaciones enviadas al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

El primer intento documentado fue el 5 de noviembre de 2024. Desde una dirección de correo que simulaba pertenecer al Poder Judicial, solicitó las claves de acceso al Sifcop. El mensaje estaba firmado por Julio Andrés Herrera, presentado como juez federal, aunque no existe ningún magistrado con ese nombre.

La respuesta oficial lo desvió: le indicaron que debía canalizar el pedido a través de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema. Lejos de desistir, dos semanas después envió otra comunicación desde una dirección que imitaba el dominio del máximo tribunal y se presentó como responsable del área.

El error que lo delató

En julio de 2025 cambió de estrategia. Desde su domicilio creó una nueva cuenta electrónica que simulaba pertenecer a un juzgado federal y empezó a intercambiar mensajes con el Servicio Penitenciario. Alegó una supuesta investigación penal por manejo irregular de información confidencial y volvió a reclamar acceso a la plataforma policial.

El 3 de julio envió dos correos con documentación adjunta que llevaba la firma de María Servini. Pero la falsificación tenía una falla: presentaba a la magistrada como titular de un juzgado que no estaba bajo su responsabilidad. Según contó Reynares Solari a LT8, había invocado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, cuando Servini estaba a cargo del N°1.

Los funcionarios penitenciarios pidieron aclaraciones y documentación adicional para verificar la identidad de quien reclamaba las claves. Las inconsistencias derivaron en una denuncia que permitió reconstruir el origen de las comunicaciones.

Los rastros que dejó y las sospechas que crecen

Los investigadores vincularon las direcciones electrónicas con el sospechoso a través de información aportada por empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. De acuerdo con Rosario3, la pesquisa incluyó requerimientos a Google, Telecom y Mercado Libre que ayudaron a identificar al usuario detrás de las cuentas falsas.

La investigación también puso la lupa sobre su actividad económica. Aunque no registraba ingresos declarados ni estaba inscripto como monotributista, sus cuentas bancarias habían recibido $41 millones durante 2024, otros $34 millones en el primer semestre de 2025 y $49 millones en 2026. En el allanamiento se encontró además una placa falsa de la Policía Federal.

Esos elementos alimentan una hipótesis que todavía no fue acreditada judicialmente: que el hombre hubiera obtenido beneficios económicos mediante el suministro de información reservada o que actuara para terceros. Una fuente de la investigación consultada por Rosario3 sostuvo que los pesquisas sospechan que trabajaba para otra persona cuya identidad aún no pudieron establecer.

Según informó La Capital de Rosario, la fiscalía analiza posibles conexiones del acusado con personas relacionadas con investigaciones contra Julio Rodríguez Granthon, conocido como El Peruano, un expiloto nacido en Perú con condenas por narcotráfico que superan los 30 años de prisión. Por ahora no se informó de una vinculación judicialmente comprobada entre el detenido y esa organización.

El fiscal Reynares Solari advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido una filtración de esa información en una ciudad atravesada por investigaciones contra organizaciones criminales. En declaraciones a LT8 recogidas por La Capital, subrayó que el acceso ilegal a bases de datos vinculadas con la persecución penal representa un riesgo particularmente grave en Rosario, donde distintas investigaciones determinaron que personas detenidas seguían organizando delitos desde prisión.

Antecedentes por falsificación

El expediente reveló que el acusado ya había tenido problemas con la Justicia por maniobras de falsificación. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, registraba una suspensión del juicio a prueba dispuesta el 17 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, en una causa por falsificación de documento público.

Según detalló Reynares Solari a La Capital, el hombre tampoco poseía título de abogado, aunque estaba vinculado con actividades del ámbito jurídico. El fiscal mencionó además antecedentes por la confección de certificados médicos que acreditaban vacunaciones que nunca se realizaron.

La investigación continúa abierta para determinar qué pretendía hacer con la información, si existieron otros intentos de obtener datos reservados y si actuaba siguiendo instrucciones de terceros. Por ahora, la Justicia considera que hay elementos suficientes para mantenerlo detenido, mientras los fiscales avanzan sobre una pregunta que sigue sin respuesta: quién habría podido beneficiarse con el acceso a esa base de datos.