Se hizo pasar por vendedor autorizado de una fábrica: la maniobra que terminó con dos semirremolques secuestrados
La minera transfirió los $106 millones convencida de que compraba a través de un intermediario autorizado. Meses después, los semirremolques terminaron secuestrados por orden judicial.
La Justicia de Catamarca imputó a un hombre de 48 años por una presunta estafa de $106.723.950 a una empresa minera. La acusación la formuló la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que conduce Diego López Ávila.
En la audiencia, el Ministerio Fiscal le atribuyó el delito de estafa en calidad de autor y pidió medidas de coerción por seis meses. Entre ellas, que permanezca a disposición de las autoridades, fije domicilio y no entorpezca la investigación.
El contacto con la minera
Según la investigación, en noviembre de 2024 el imputado —que operaba comercialmente bajo el nombre "Transporte Santino"— se presentó ante representantes de LIEX S.A. La firma buscaba adquirir semirremolques para el proyecto minero Tres Quebradas, en Fiambalá.
Les ofreció dos unidades nuevas de la marca IDERO S.R.L. y generó la apariencia de estar autorizado para comercializarlas. De acuerdo con la acusación, incluso habría gestionado antes que, ante una consulta de la minera, desde la fábrica confirmaran su supuesta intermediación. Esa respuesta habría dado confianza a los compradores y permitió avanzar con la operación.
El 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas y al día siguiente LIEX S.A. transfirió los $106.723.950 a una cuenta bancaria de titularidad del imputado.
Cheques sin fondos y unidades secuestradas
Sin embargo, el acusado no habría usado el dinero para pagar las unidades a la fábrica. Recién el 19 de diciembre entregó al fabricante ocho cheques diferidos de $12 millones cada uno, que fueron rechazados por falta de fondos. Esos valores fueron reemplazados por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron cobrarse.
Los dos semirremolques se entregaron a la minera en marzo de 2025, pero después fueron secuestrados por orden judicial, lo que generó un perjuicio patrimonial a la empresa.
La Fiscalía sostiene que el imputado logró que LIEX S.A. desembolsara el dinero creyendo que hacía una compra regular a través de un intermediario autorizado, cuando los fondos no habían sido destinados al pago de las unidades.
