Llevan más de 15 años esperando una casa que pagaron y nadie les responde. Este martes se metieron en el Ministerio de Infraestructura y avisaron que no se van hasta que los atienda la ministra.
Un grupo de damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas tomó la decisión de quedarse dentro del edificio del Ministerio de Infraestructura de Neuquén y advirtió que no se moverá hasta que los reciba la ministra Tanya Bertoldi o su coordinador. La protesta comenzó este martes en la sede de calle La Rioja casi Carlos H. Rodríguez, donde ya se montó un operativo de seguridad con efectivos de la Policía provincial.
Mientras un grupo permanece adentro, otros socios se apostaron en la vereda con carteles para explicarle la situación a quienes pasan. El reclamo tiene un denominador común: familias que pagaron durante años por lotes y viviendas que nunca llegaron a sus manos.
"Estamos acá con los compañeros del colectivo de damnificados, que hace más de dos años venimos luchando judicialmente y a la vez presentando notas en el Ejecutivo provincial", contó a LM Neuquén Víctor Guerrero, uno de los afectados.
Y fue tajante sobre la medida: "Vamos a hacer estas medidas de permanencia hasta que no venga la funcionaria. Nosotros no nos vamos a retirar del lugar".
Sin respuestas y con la policía en la puerta
Según relató Guerrero, hasta el momento solo mantuvieron contacto con empleados del ministerio. "Hasta ahora no nos dan respuesta sobre los dos escritos que hemos pedido, por la audiencia y por una solución habitacional", sostuvo.
El perfil de los damnificados es uno de los puntos que más pesa en el reclamo. "Son adultos mayores que ya tienen arriba de 70 años esperando una vivienda hace más de 15 años, gente con discapacidad, con prioridades", describió.
La bronca también apunta al contraste con los anuncios oficiales. "El gobierno provincial vive anunciando entrega de lotes y de viviendas y a los damnificados no nos están dando ninguna solución", se quejó.
Guerrero apuntó directamente contra Jorge Salas, expresidente de la cooperativa y exdirector de Hábitat del IPVU hasta su renuncia en febrero de 2025, cuando estallaron las denuncias. "Como es de público conocimiento, fuimos estafados por un funcionario provincial", afirmó. Salas y los otros acusados no tienen condena y rige para ellos la presunción de inocencia.
Una comisión auditora que ya cumplió el plazo
La ocupación se da en el mismo ministerio donde, a mediados de este año, los damnificados consiguieron el primer gesto fuerte del Estado. A partir de sus reclamos, Bertoldi y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmaron una resolución conjunta que creó una Comisión Auditora interministerial para investigar las tierras del IPVU/ADUS cedidas en tenencia precaria a la cooperativa.
Esa comisión debía revisar poco más de 38 hectáreas de la ex chacra La Sirena, que la Provincia recibió del Estado nacional en 2003 a cambio de obras para el Ejército y que fueron entregadas a la cooperativa mediante los decretos 790/10, 1800/12 y 963/15.
El objetivo era detectar ocupaciones o construcciones sin autorización e individualizar a las personas y empresas que planificaron, financiaron o ejecutaron esas obras. El plazo fijado para el informe final era de 60 días desde la notificación de sus integrantes, prorrogable. Ese tiempo ya transcurrió.
La causa penal sigue su curso
En paralelo, el frente judicial tuvo su paso más importante en septiembre. El 4 de ese mes, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por estafas reiteradas contra Salas y otras dos integrantes de la excomisión directiva, Roxana Huircaman y Beatriz Lebrero, por 49 hechos vinculados al loteo de La Meseta, tierras que quedaron fuera del ejido de la ciudad de Neuquén. La acusación está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero.
El magistrado declaró la causa compleja y otorgó seis meses de investigación. Además, le dio a la Fiscalía dos meses más para formular cargos en el expediente de Sirena Unificada, donde se tramitan otras denuncias contra la entidad.
Al expediente se sumó ATEN como querellante, que reclama 44 viviendas adeudadas a docentes afiliados y calificó el esquema como un "fraude institucionalizado". Referentes de los damnificados sostienen que los afectados podrían superar las 1.400 personas, con aportes de entre 5.000 y 8.000 dólares cada una.
"No nos vamos"
Para los damnificados, la vía judicial castiga pero no devuelve casas. Por eso insisten en que la respuesta habitacional tiene que venir del Estado provincial, que durante años tuvo a la cooperativa como aliada en su política de vivienda y le cedió tierras públicas.
"Se llevaron todos los ahorros que teníamos", resumió Guerrero desde el interior del ministerio. La medida, aseguran, seguirá hasta que alguien con capacidad de decisión se siente a escucharlos.
