Se quedó sin cargo: la Legislatura echó a un fiscal por una denuncia que no era lo que parecía

La Legislatura de Santa Fe destituyó este jueves al fiscal adjunto Diego Gustavo Rodríguez y Barros, quien se desempeñaba en San Jorge, tras un proceso disciplinario que lo encontró responsable de mal desempeño. La decisión se tomó en una Sesión Conjunta de ambas cámaras y dejó al funcionario inhabilitado para volver al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante los próximos 10 años.

El caso que motivó la investigación tuvo un origen llamativo: una denuncia por el supuesto robo de dos neumáticos de su propio vehículo. Según la hipótesis que se manejó en el expediente, el hecho podría haber sido simulado para cobrar la reposición de una aseguradora. El MPA consultó de oficio a la compañía y la respuesta que obtuvo, según la investigación, presentó indicios de irregularidad.

Maltratos en la fiscalía

Pero el expediente no se detuvo ahí. Con el avance del proceso, se sumaron denuncias de trabajadores de la Fiscalía de San Jorge que acusaban al fiscal por presuntos malos tratos. La Comisión de Acuerdos recogió testimonios y le dio a Rodríguez y Barros la posibilidad de ejercer su defensa en cada instancia.

La acusación, impulsada por el diputado Marcos Corach, llegó finalmente a la Sesión Conjunta para su resolución definitiva.

Dictamen unánime y votación

El senador Raúl Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos, informó que el organismo había emitido por unanimidad un dictamen recomendando la remoción y la inhabilitación por diez años. El pleno aprobó la medida con votación afirmativa, aunque se registraron abstenciones de los diputados Palo Oliver, Balagué, Del Frade y Cattalini.

La sesión se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados y estuvo presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

Un recurso que no prosperó

Antes de tratar la destitución, la Sesión Conjunta también rechazó un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal del MPA María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución N.º 37 del 4 de junio de 2026. El dictamen, también unánime, recomendó declararlo inadmisible, y el pleno lo aprobó con las abstenciones de Palo Oliver, Balagué y Del Frade.

Con esta decisión, la Legislatura puso fin a un proceso que se inició por cuestionamientos a la conducta del fiscal y que culminó con su separación del cargo. Rodríguez y Barros no podrá volver a integrar el MPA durante una década, aunque la resolución no impide que avancen otras investigaciones judiciales por los hechos que dieron origen a las denuncias.