¿Se viene un freno a la compra de tierras por extranjeros en Buenos Aires?
Diputados bonaerenses proponen un tope del 15% para tierras en manos extranjeras y crean un registro para evitar el ocultamiento de dueños. ¿Qué zonas quedarían protegidas?
Un grupo de diputados bonaerenses presentó un proyecto que busca limitar al 15% la propiedad de tierras en manos extranjeras en toda la provincia. La iniciativa choca de frente con la política de desregulación del gobierno de Javier Milei, que eliminó los topes nacionales.
Los legisladores Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero ingresaron el texto en la Legislatura bonaerense como respuesta directa a la derogación de la Ley de Tierras a nivel nacional. La propuesta apunta a crear un Registro Provincial de Tierras Rurales para garantizar la transparencia en las operaciones y detectar a los verdaderos dueños.
¿Qué zonas quedarían protegidas?
El proyecto define áreas de "protección territorial estratégica" donde las transacciones serán más estrictas. Allí entran cuencas hídricas, humedales, reservas naturales, cinturones hortícolas y espacios de agricultura familiar. Para cualquier compra en esas zonas se necesitará una autorización previa, y se prohibirán las ventas que pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades.
Además, un mismo titular extranjero no podrá tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la Provincia. Esa área incluye municipios como Junín, Chivilcoy, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Arrecifes y Carmen de Areco, entre otros.
¿Cuánta tierra está en manos extranjeras hoy?
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas extranjerizadas, lo que representa un 2,89% del total. Sin embargo, la diputada Saavedra advirtió que en zonas cercanas al Río Paraná, como Zárate y Campana, ese porcentaje ya supera el 15%.
El proyecto contrasta con la iniciativa nacional que impulsa el gobierno de Milei, que elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros y delega en las provincias la autorización. En esa versión, si no hay reparo en 180 días, opera el silencio administrativo y el comprador se queda con el inmueble. Además, se mantiene la prohibición para estados extranjeros y empresas con participación estatal, salvo autorización provincial y nacional.
