Se votó a sí misma un terreno fiscal y ahora la Justicia la imputó
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Se votó a sí misma un terreno fiscal y ahora la Justicia la imputó

Una concejal de San Patricio del Chañar se votó a sí misma la adjudicación de un terreno fiscal y la Justicia la imputó. La maniobra quedó al descubierto y ahora la investigación avanza, pero lo que reveló el expediente sobre cómo se aprobó la ordenanza es lo que más complica a la funcionaria.

La concejal de San Patricio del Chañar Mónica Beatriz Barrera quedó formalmente imputada por negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que impulsó y votó una ordenanza para adjudicarse un lote de tierra pública en Picada 9.

La imputación fue formulada este martes por el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat, quienes presentaron la acusación ante el juez de garantías Luciano Hermosilla. En la misma audiencia, el magistrado rechazó por el momento imputar a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

Narvaez expuso la evidencia reunida por el Ministerio Público Fiscal y pidió abrir la investigación penal preparatoria por cuatro meses. El abogado querellante de la Fiscalía de Estado acompañó el pedido.

¿De qué se la acusa?

A Barrera se le atribuye el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de autora. Para González, la fiscalía había solicitado la formulación de cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al reprocharle haber omitido los controles propios de su cargo durante el trámite legislativo.

El juez Hermosilla avaló la postura de la fiscalía respecto de Barrera, dio por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. En cambio, no hizo lugar a la imputación contra González porque consideró que existen dudas sobre el dolo en su accionar.

La maniobra, paso a paso

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, todo comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera, en su rol de concejal, solicitó al Ejecutivo municipal que derogara una ordenanza de 1996 y le adjudicara en venta el Lote 10 de la Chacra 28, en Picada 9.

El 24 de junio de 2025, después de que el Ejecutivo elevara el expediente, la Comisión de Asuntos Institucionales —con la propia Barrera participando— emitió despacho favorable sin un dictamen legal previo. Al día siguiente, en la Sesión Ordinaria N°13, la concejal no se abstuvo ni fue apartada: tomó la palabra para fundamentar el proyecto y votó a favor de su propia adjudicación.

La iniciativa se aprobó por mayoría simple, con 3 votos a favor y 2 en contra, y derivó en la sanción de la Ordenanza N°1497/25, firmada por González, que autorizó el cambio de titularidad del inmueble.

Los incumplimientos que marcó la fiscalía

De acuerdo con la fiscalía, el procedimiento violó la Carta Orgánica Municipal, que exige una mayoría calificada de dos tercios (5 votos) y el mecanismo de licitación pública o remate para vender inmuebles fiscales. Además, el dictamen legal por escrito se incorporó recién minutos después de terminada la sesión.

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