Secretarias del ex jefe policial imputadas: la maniobra para ocultar pruebas que revela una trama más oscura

Dos suboficiales que trabajaban directamente para el ex jefe de la Unidad Regional Norte fueron formalmente acusadas de encubrimiento agravado. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos determinó que intentaron entorpecer la investigación sobre sus superiores, quienes están presos por usar detenidos como mano de obra privada. Este nuevo capítulo judicial expone los tentáculos de una presunta red de corrupción al interior de la fuerza.

Las imputadas son una cabo y una sargento ayudante, de 30 y 53 años, que se desempeñaban como secretarias directas del entonces jefe de la URN, Gustavo Javier Beltrán. La fiscal Mariana Rivadeneira, a través del auxiliar Federico Lizarraga, las acusó por actuar en complicidad con las altas esferas de la dependencia.

¿Qué hicieron exactamente las secretarias?

Según la acusación, el hecho clave ocurrió el 11 de noviembre de 2025. Ese día, las dos mujeres se enteraron de que la Justicia investigaba a sus superiores por el delito de peculado. Ante esta información, decidieron actuar de inmediato.

“Anticipándose a la llegada del Ministerio Fiscal a la Unidad Regional Norte, se presentaron en la oficina del primer y segundo jefe respectivamente y retiraron objetos de su interior que podrían haber sido de interés para la investigación”, detalló Lizarraga durante la formulación de cargos. La maniobra fue calificada como un claro intento de ocultamiento de pruebas.

Tras la imputación, la Justicia dispuso que ambas cumplan medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de tres meses, mientras avanza el proceso en su contra.

El escándalo que intentaron tapar

El encubrimiento que se les atribuye buscaba cubrir un delito de mayor envergadura que ya tenía a varios policías tras las rejas. La investigación central sostiene que, entre agosto y noviembre de 2025, el ex jefe Gustavo Beltrán, con la colaboración de su segundo, Sergio Marcelo Juárez, organizó una logística ilegal.

La trama involucraba el uso de recursos del Estado para beneficio personal de Beltrán. Las pruebas recabadas señalan tres acciones clave dentro de esta operación.

En primer lugar, Beltrán habría ordenado el traslado ilegal de cuatro detenidos que estaban alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro. Estos reclusos no fueron movidos a otra dependencia penal.

En segundo término, el segundo jefe, Sergio Juárez, autorizó la salida de dos efectivos policiales para que custodiarán a los presos durante su traslado. Finalmente, el destino de los detenidos era la casa particular de Beltrán en la villa turística de El Cadillal.

Allí, los reclusos eran obligados a realizar trabajos forzados, incluyendo tareas de albañilería, pintura y herrería, para la construcción y mejora de la vivienda del ex jefe policial.

Una red que se sigue ampliando

Con la imputación de estas dos secretarias, ya son nueve los efectivos policiales investigados en esta causa por presunta corrupción. La trama ha alcanzado a varios mandos medios y altos de la Unidad Regional Norte.

Actualmente, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez se encuentran cumpliendo prisión preventiva. La misma situación comparten el jefe de Infantería de la URN, Edim Roberto Nasser, y la jefa de personal, Fabiana Elizabet Villagrán.

Otros tres empleados policiales vinculados al caso continúan el proceso en libertad, pero con medidas de coerción de menor intensidad. La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos sigue su curso para determinar el alcance total de esta red.