Secreto total en la causa del fentanilo: el juez Kreplak blindó la investigación

El juez Kreplak ordenó el secreto de sumario en la causa del fentanilo contaminado. ¿Qué nuevas pruebas buscan y quiénes están en la mira? Los detalles de una investigación que sacude al sistema de control sanitario.

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Secreto total en la causa del fentanilo: el juez Kreplak blindó la investigación
Secreto total en la causa del fentanilo: el juez Kreplak blindó la investigación

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó el secreto de sumario en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, que ya suma 90 muertos. La medida busca preservar nuevas pruebas que apuntan a fallas en los organismos de control estatal.

El expediente, que hasta ahora tiene 13 procesados, viró el foco hacia funcionarios y exfuncionarios de ANMAT e INAME. La fiscal María Laura Roteta impulsa medidas para determinar si hubo negligencia o connivencia entre empresarios y los encargados de fiscalizar las normas sanitarias.

La hipótesis central es que los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, habrían operado pese a incumplir las Buenas Prácticas de Manufactura sin recibir sanciones. La fiscalía ya había cuestionado en mayo de 2025 la información brindada por la ANMAT sobre la elaboración del fentanilo con bacterias multirresistentes.

¿Quiénes estaban al frente de los organismos?

Durante el período investigado, el INAME era dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, apartada preventivamente en agosto de 2025 tras demoras en actuaciones contra laboratorios con desvíos de calidad. Su salida se conoció horas después de la detención de García Furfaro.

Por su parte, la ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio, quien renunció a principios de este año. Aunque alegó motivos personales, desde el Gobierno señalan que el desgaste por la crisis sanitaria del fentanilo contaminado fue determinante.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) calificó la tarea de control estatal como "ineficiente" y advirtió que las consecuencias de esa presunta negligencia o complicidad aún no pueden dimensionarse por completo.

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