Seguí: el exintendente Treppo reconoció el desvío en la obra de asfalto y puso una cifra millonaria sobre la mesa
El exintendente de Seguí reconoció que hubo desvío de fondos en la obra de asfalto y aceptó una multa que se actualizó con la tasa del Banco Nación. La cifra final y el detalle que la Fiscalía encontró en una computadora de la contratista, en la nota.
La causa por los sobreprecios en la pavimentación de 16 cuadras en Seguí llegó a su tramo final. Cristian Álvaro Treppo, exintendente de esa localidad del departamento Paraná, asumió su responsabilidad en el desvío de fondos públicos y aceptó pagar una multa que roza los 14,2 millones de pesos, en el marco de un juicio abreviado que la Justicia entrerriana deberá homologar.
La presentación se concretó este jueves ante la jueza de Garantías Matilde Federik, con la firma de la Fiscalía y de la defensa del imputado. La magistrada anticipó que dará su veredicto en los próximos días. Todo indica que el acuerdo será validado y que el exfuncionario, que también fue titular de la Unidad Ejecutora Provincial, quedará condenado por peculado imprudente en perjuicio de la Administración Pública.
El expediente se abrió en 2016 por una denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí y tardó casi una década en llegar a esta instancia. La obra se ejecutó con fondos del plan nacional Más Cerca, que dependía del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.
Cuánto deberá pagar y cómo se llegó a esa cifra
El acuerdo fijó la sanción dineraria en 14.163.056,56 pesos, que se abonarán por única vez y dentro de un plazo perentorio de siete días. El fiscal Gonzalo Badano fue el encargado de explicar ante la jueza el mecanismo técnico que permitió arribar a ese número.
El punto de partida fue la pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, que estimó el perjuicio original en 5.591.876 pesos. Ese monto se actualizó con la tasa activa de interés que regula el Banco de la Nación Argentina y, sobre el total resultante, las partes pactaron aplicar un 40% para determinar la multa definitiva.
Para graduar la pena, la Fiscalía consideró como agravante central la magnitud del daño ocasionado al erario municipal y la jerarquía del imputado, que era la máxima autoridad de Seguí al momento de los hechos. Del otro lado, como atenuantes, se ponderaron la falta de antecedentes penales y el reconocimiento explícito de los hechos atribuidos.
La planilla de Excel que complicó a la contratista
El fiscal Franco Bongiovani detalló la prueba que resultó dirimente para la acusación. En las computadoras de la firma Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA) se encontró un archivo de Excel que, según la Fiscalía, contenía los datos pormenorizados de la obra y hasta el monto por el que finalmente se ejecutaría, cuando la licitación todavía no había sido convocada públicamente.
El archivo se llamaba textualmente "CDI, Trama Vial de Asfalto, 20 millones y 16 cuadras" y registraba una última modificación guardada el 4 de febrero de 2015. Para el Ministerio Público Fiscal, ese elemento demuestra que los particulares que después obtuvieron la contratación «producto de la imprudencia del funcionario», según la frase que usó el propio Bongiovani, confeccionaron por su cuenta la oferta económica que luego el municipio formalizó.
Del convenio con Nación a los pagos
La imputación reconstruye que Treppo gestionó directamente ante el entonces responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, José López, el financiamiento para extender la trama vial de asfalto en el ejido urbano de Seguí. La obra quedó inscripta en el Plan Más Cerca y las tratativas desembocaron en la firma de un Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre la Nación y la Municipalidad, el 14 de mayo de 2015.
Para la faz técnica, el municipio contrató como asesora externa a la ingeniera en construcciones Sara Carina Zapata, designada responsable técnica de la obra. El presupuesto oficial elaborado y presentado ante las autoridades nacionales ascendió a 20.644.036,81 pesos.
Luego, bajo el procedimiento de excepción de la Ley Provincial 10.198 —sancionada en marzo de 2013 y a la que Seguí adhirió por ordenanza ese mismo mes—, la acusación sostiene que Treppo actuó en connivencia con Aníbal Hereñú, responsable de OICSA. La firma fue adjudicataria por el Decreto Municipal 190/2015, del 8 de junio de 2015. El 25 de junio de ese año, ambos celebraron el contrato de obra con precios que, según la Fiscalía, resultaron desproporcionados respecto de los valores de mercado de la época y coincidentes con el presupuesto oficial.
Los desembolsos desde Nación se sucedieron en varias etapas: un anticipo financiero de 4.220.063,96 pesos el 24 de junio de 2015, un primer certificado por 3.830.109,41 pesos el 24 de septiembre de ese año y un pago final de 12.593.863,44 pesos por los certificados 2 y 3, el 26 de enero de 2016.
Certificaciones sin controles
Para habilitar esos giros, Zapata y el ingeniero civil Hernán Roberto Barrera, en representación de OICSA, emitieron certificaciones de avance sucesivas: 28,4% en julio de 2015, 58,7% entre agosto y noviembre de ese año y 12,9% entre el 11 de enero y el 4 de febrero de 2016.
La acusación remarca que esas certificaciones se labraron sin ningún ensayo ni control de calidad y sin llevar los registros correspondientes. Para la Fiscalía, las omisiones apuntaron a acelerar el ritmo de los trabajos y a impedir verificaciones posteriores sobre la calidad de los materiales y sobre la correspondencia entre lo efectivamente hecho y lo presupuestado.
Con conocimiento de esas irregularidades, según la imputación, Treppo y el contador municipal Monzón —designado representante contable de la obra— suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que destrabaron los envíos. El dinero ingresó a la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina del municipio, desde donde el exintendente dispuso los pagos a OICSA por el total del presupuesto oficial.
El perjuicio quedó determinado al comparar ese monto con los valores de plaza: la obra debió costar como mínimo unos 12 millones de pesos y como máximo 15.052.160,72 pesos. La diferencia estimada, base de la sustracción de caudales públicos, fue de 5.591.876 pesos.
Qué pasó con los empresarios
En el mismo expediente, en 2025 el juez Ricardo Bonazzola otorgó la probation a los empresarios Daniel Hereñú, Hernán Barrera, Néstor Hereñú y Néstor Iván Szczech, que estaban imputados por su participación y beneficio en el contrato de la obra de Seguí. Con el acuerdo de juicio abreviado presentado este jueves, el caso contra Treppo encara su cierre después de casi una década de trámite.
