Seis años de lucha judicial terminaron con un desenlace inesperado para Vicentin

El salvataje judicial de Vicentin quedó finalmente firme. Molinos Agro y Louis Dreyfus Company desistieron de la apelación contra el cramdown homologado por el juez Fabián Lorenzini, despejando el último gran obstáculo legal para que el Grupo Grassi mantenga el control operativo de la firma.

Fundada en 1929, Vicentin llegó a ser una de las principales exportadoras de granos del país, hasta que en diciembre de 2019 declaró un fuerte “estrés financiero” que derivó en el mayor default privado de la historia argentina, con una deuda estimada en US$ 1350 millones.

Mariano Grassi.

Una definición esperada por productores y trabajadores

Desde entonces, el caso atravesó conflictos judiciales, disputas empresariales y una fuerte repercusión política y social. Incluso durante la pandemia hubo movilizaciones en distintas ciudades del país en defensa de la compañía, luego de que se intentara avanzar con una intervención estatal.

En diciembre, el juez Lorenzini homologó el acuerdo preventivo de acreedores y otorgó el control de la empresa a la corredora Grassi, encabezada por Mariano Grassi. Sin embargo, el proceso todavía no contaba con sentencia firme debido a la apelación presentada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.

Ahora, con el abandono de la apelación formalizado ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa y Mercados Argentinos y A3 Mercados, la nueva conducción obtuvo respaldo definitivo para profundizar la reestructuración de Vicentin.

Mientras el frente judicial seguía abierto, Grassi avanzó igualmente con la toma de posesión de la compañía y comenzó a ejecutar el esquema de pagos comprometido con los acreedores. La estrategia buscó consolidar en los hechos el acuerdo homologado, poniendo nuevamente en funcionamiento las plantas industriales y retomando actividad comercial.

Según trascendió, uno de los elementos que fortaleció la posición de la nueva administración fue el cumplimiento de los primeros desembolsos previstos en el plan de pagos. En enero comenzaron a cancelarse compromisos con acreedores de las categorías A2 y A3, integradas principalmente por productores que mantenían acuerdos de abastecimiento con anticipo financiero. En esos casos, el esquema contempla una recuperación de hasta el 140% de las acreencias mediante un sistema vinculado al abastecimiento de soja y al pago de pluses por tonelada entregada.

Paralelamente, también comenzaron a cumplirse los compromisos correspondientes a fideicomisos con entrega de mercadería, que agrupan acreencias superiores a los US$ 140 millones y alcanzan a más de 900 acreedores. Este mes, además, se concretó el primer pago a los acreedores de la categoría A1, quienes optaron por un mecanismo asociado al abastecimiento de granos con un adicional sobre el precio de mercado. Según el esquema aprobado, esa modalidad permitiría recuperar hasta el 200% de las acreencias originales.

En total, el plan de pagos prevé desembolsos por alrededor de US$ 300 millones a lo largo de una década. El desafío central para la nueva conducción será sostener la operatoria industrial y comercial mientras avanza con el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos.

En paralelo, el Grupo Grassi logró recomponer vínculos con trabajadores, sectores sindicales y parte de la estructura histórica de la compañía, en un contexto donde la continuidad operativa de las plantas aparece como un factor clave para recuperar confianza dentro de la cadena agroindustrial. La empresa ahora busca dejar atrás una etapa marcada por la incertidumbre y reconstruir su posición dentro del negocio exportador argentino. Aunque con nuevos dueños y bajo la denominación de “Nueva Vicentin Argentina”, la apuesta pasa por recuperar parte del protagonismo que la firma tuvo durante décadas dentro del mercado de granos y subproductos agroindustriales.