Seis condenados por la obra pública: uno es el hijo de Báez y la cifra del decomiso es astronómica
Seis condenados por la causa Vialidad II, entre ellos el hijo de Lázaro Báez, y un decomiso de bienes que impacta directo en el patrimonio público: la cifra que fijó la Justicia es de las que no se ven seguido. ¿Cuánto deberán devolver?
El Tribunal Oral Federal N° 2 cerró este viernes un nuevo capítulo de la causa Vialidad II con una sentencia que alcanza a seis personas, entre ellas Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y varios exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la seccional Santa Cruz. El fallo se conoció un día después de que la pareja del hijo del empresario fuera detenida en Aeroparque por presunto narcotráfico, lavado de dinero y un posible intento de fuga.
La resolución la firmó el juez Andrés Fabián Basso en el marco de un juicio abreviado acordado entre fiscales, defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los seis imputados reconocieron su responsabilidad en los hechos que se les atribuían.
Las penas, uno por uno
Las condenas de base van de 3 años a 2 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, dos de los acusados recibieron penas unificadas con otra causa por lavado de activos agravado: Martín Antonio Báez deberá cumplir 7 años y 9 meses, mientras que a Julio Enrique Mendoza se le fijaron 5 años y 9 meses, con prisión domiciliaria debido a su edad.
Completan la lista de condenados Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti.
El decomiso que llama la atención
Además de las penas de prisión, el magistrado dispuso el decomiso de bienes por una suma que asciende a $684.990.350.139,86. Ese monto deberá actualizarse al momento en que se ejecute la medida.
Los roles que la Justicia dio por probados
El fallo distinguió dos grupos. Por un lado, Alonso, Gregorutti y Passacantando, exfuncionarios de Vialidad, fueron considerados coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública. Según el escrito de Basso, los tres "reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía".
Por el otro, Báez, Butti y Mendoza, que ocuparon altos cargos en las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, fueron calificados como partícipes necesarios. El juez sostuvo que "prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución".
Qué se investigó en este segundo tramo
A diferencia de la causa principal, Vialidad II puso el foco en el rol de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional Santa Cruz, además de los empresarios vinculados a las compañías de Lázaro Báez que obtuvieron contratos con el Estado.
El juez apoyó su decisión en la condena anterior de Vialidad al señalar que "los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa", donde se acreditó "con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015".
La acusación de los fiscales
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido en su acusación que "se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública", lo que constituyó "un delito de extrema gravedad".
En esa misma línea, afirmaron que los imputados "mediante sus aportes, contribuyeron al perfeccionamiento de una colosal maniobra de corrupción en la cual los imputados, mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular".
