Seis meses sin respuesta de la Justicia: los yerbateros van por los diputados misioneros

Productores y tareferos de Misiones redoblaron la apuesta. Después de seis meses sin una definición de la Justicia Federal sobre la cautelar que busca frenar el DNU 70/2023 en la actividad yerbatera, el sector llevó el reclamo al Congreso con un pedido que no admite medias tintas.

Un documento fechado el 6 de octubre y respaldado por más de 80 adhesiones deja atrás el tono de petición sectorial y exige a los legisladores una definición concreta: que voten por el rechazo del decreto.

El mensaje está dirigido a toda la Cámara de Diputados, pero apunta con especial fuerza a los siete representantes nacionales por Misiones: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Emmanuel Bianchetti, Diego Hartfield y Maura Gruber.

"No les pedimos una declaración. Les pedimos un voto"

El giro político del escrito aparece en uno de sus pasajes más duros: "No les pedimos un discurso. No les pedimos una declaración. No les pedimos una foto. Les pedimos un voto".

La frase condensa el cambio de estrategia. Hasta ahora, el sector había transitado dos caminos en paralelo: la ofensiva judicial iniciada en abril ante el Juzgado Federal de Posadas —donde organizaciones de productores y cooperativas pidieron la inconstitucionalidad de los artículos del DNU que modificaron el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate— y las exposiciones en el Congreso, donde distintos actores advirtieron sobre la caída de precios y reclamaron recuperar facultades regulatorias para el organismo.

Según el diagnóstico de los firmantes, ninguna de esas vías dio todavía una respuesta concreta. En el documento remarcan que llevan seis meses esperando que la Justicia Federal se pronuncie sobre la cautelar, pese a que consideran acreditados tanto el perjuicio sobre la producción primaria como el riesgo de que la situación siga agravándose.

Qué cambió el DNU en el mercado yerbatero

Los productores sostienen que la modificación introducida por el DNU 70/2023 dejó a la producción primaria sin herramientas que durante años sirvieron para equilibrar la relación con los sectores industriales y comerciales de mayor peso.

A su entender, el nuevo esquema expuso al mercado a la capacidad de negociación de los actores concentrados y derivó en una transferencia de ingresos desde los pequeños productores hacia los eslabones de mayor escala de la cadena.

El argumento se apoya en cambios concretos: el decreto modificó objetivos y funciones del INYM y eliminó atribuciones previstas en la Ley 25.564, entre ellas instrumentos que permitían intervenir sobre aspectos del mercado yerbatero. El texto oficial justificó esas modificaciones bajo la idea de modernizar el organismo y evitar su "intromisión" en un mercado competitivo.

Desde el sector primario, en cambio, consideran que la pérdida de esas facultades dejó a miles de productores en una posición más débil frente a secaderos, molinos y grandes compradores.

El fallo de la Corte que encendió las alarmas

El documento no se limita al capítulo yerbatero. Los firmantes incorporan como antecedente la decisión de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, eliminada también por el DNU 70/2023.

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional aquella derogación, aunque aclaró que no se pronunció sobre el fondo ni sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado, sino que resolvió por una cuestión formal vinculada con la legitimación de quienes promovieron la acción. Esa distinción aparece expresamente reconocida en el escrito de los productores.

Sin embargo, ellos leen la resolución como una señal preocupante para otras causas que cuestionan distintos capítulos del decreto. En particular, temen que el criterio utilizado termine debilitando las expectativas depositadas en la demanda que tramita ante la Justicia Federal de Misiones. Esa interpretación pertenece a los firmantes y no implica que ambas causas sean jurídicamente equivalentes.

Para los productores, el punto de contacto entre ambas discusiones está en el efecto que le atribuyen al DNU: la pérdida de herramientas estatales de protección frente a procesos de concentración económica y transferencia de recursos. En el caso de la tierra, advierten sobre la posibilidad de mayor extranjerización; en el yerbatero, sobre una estructura de mercado más favorable a los actores con mayor poder de compra.

La crisis que ya había llegado al Congreso

La presentación no surge en el vacío. En mayo, la crisis yerbatera ya había desembarcado en la Cámara de Diputados, donde productores, tareferos, cooperativistas, legisladores y representantes del INYM expusieron posturas enfrentadas sobre los efectos de la desregulación.

En aquellas reuniones, los sectores primarios reclamaron la restitución de las herramientas del Instituto para intervenir sobre el precio de la materia prima, mientras otros actores defendieron la apertura del mercado y la reducción de regulaciones como camino para mejorar la competitividad.

La discusión, por lo tanto, ya había llegado al Congreso, pero el nuevo documento sube el tono porque deja de pedir solamente una modificación sectorial y exige directamente el rechazo del DNU 70/2023.

En la práctica, los productores buscan unir dos caminos que hasta ahora habían transitado en paralelo: la demanda judicial contra el capítulo yerbatero y la presión política para que el Congreso intervenga sobre el decreto.

Un mensaje directo a los siete diputados misioneros

El tramo más político del escrito está reservado para Herrera Ahuad, Arrúa, Ruiz, Vancsik, Bianchetti, Hartfield y Gruber. A ellos los productores les reclaman que, más allá de las diferencias partidarias, expresen su posición mediante el voto cuando llegue el momento de definir la continuidad del decreto.

Los firmantes apelan a la historia productiva de Misiones, al peso de la pequeña agricultura y al rol de los tareferos, y presentan la discusión como una defensa no solo de una actividad económica sino también de un modo de vida ligado a la tierra.

El documento advierte que quienes sostengan el DNU serán considerados, desde la perspectiva de los firmantes, responsables de profundizar el deterioro del sector.

Ese tono marca una diferencia con las presentaciones anteriores. En abril, el conflicto había escalado a la Justicia. En mayo, llegó a las comisiones de Diputados. Ahora, seis meses después del pedido cautelar y con un fallo de la Corte que reavivó las inquietudes sobre el alcance del DNU, los productores buscan transformar el reclamo en una definición parlamentaria concreta.

El documento cierra precisamente con esa exigencia: que los legisladores voten para rechazar el decreto y, con ello, frenar los efectos que el sector atribuye tanto a la desregulación yerbatera como a otras disposiciones de la norma.