Seis mil ordenanzas bajo la lupa: el Concejo capitalino define qué reglas siguen vigentes en la ciudad
Clasificar más de 6.000 ordenanzas era solo el primer paso. Ahora el Concejo capitalino define cuáles siguen vigentes y cuáles quedan caducas, pero el detalle que más complica a los concejales no es el que se imaginaba.
La Comisión Especial de Digesto Jurídico del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dejó atrás la etapa de conteo y avanzó este viernes hacia la fase más delicada: definir cuáles de las más de 6.000 ordenanzas siguen vigentes y cuáles deben considerarse caducas, de cara a la aprobación definitiva del Digesto antes de fin de año.
El trabajo abarcó más de 5.400 ordenanzas sancionadas desde el retorno de la democracia y otras 984 del período 1976-1983. El volumen obligó a repartir la tarea entre equipos de concejales, asesores y personal técnico y legislativo del cuerpo.
Qué se define ahora
“Durante mucho tiempo la pregunta fue cuántas ordenanzas teníamos y cuál era la situación de cada una. Esa etapa está prácticamente terminada. Hoy ya tenemos todo el universo clasificado y empezamos una tarea distinta: definir qué normas están vigentes, cuáles fueron derogadas, cuáles han perdido vigencia y cómo dejamos ordenado todo ese sistema hacia adelante”, explicó el presidente de la Comisión, Gustavo Cobos.
En la reunión se acordó elaborar los anexos finales del Digesto, que separarán las normas vigentes de las expresamente derogadas y de aquellas que perdieron validez por haber cumplido su objeto, vencido su plazo o haber sido reemplazadas por regulaciones posteriores.
“Una ordenanza puede seguir apareciendo en un archivo aunque haya sido dictada para una situación que terminó hace treinta años. También puede haber sido modificada cuatro o cinco veces, o reemplazada en los hechos por una regulación posterior. El desafío es que cuando terminemos este trabajo no haya que hacer arqueología jurídica para saber cuál es la norma que corresponde aplicar”, sostuvo Cobos.
Un índice para dejar de perderse entre números
La Comisión también resolvió avanzar en un índice temático y un glosario, para que cada ordenanza tenga una breve descripción de su contenido. La idea es que el Digesto no sea un listado interminable de números, sino una herramienta que permita identificar rápido qué regula cada norma y cómo se relaciona con las demás.
Otro de los puntos abordados fue la diferencia entre consolidar una norma —reconstruir su texto con las modificaciones que acumuló en el tiempo— y los casos en los que directamente hace falta una nueva decisión legislativa para actualizarla.
“Ordenar no significa solamente sacar las normas viejas. También significa poder reconstruir con claridad qué dice hoy una ordenanza que fue modificada varias veces y detectar cuáles son las regulaciones que quedaron desactualizadas y necesitan una nueva discusión del Concejo”, agregó Cobos.
La Comisión está presidida por Cobos e integrada por Alfredo Terán de Zavalía, Ana González, Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri.
El objetivo: aprobarlo este año
La meta trazada es que el Concejo Deliberante apruebe el Digesto Jurídico Municipal antes de que termine el actual período parlamentario y, en todo caso, antes de fin de año. Después, el trabajo seguirá de forma permanente con la actualización, consolidación y revisión de las ordenanzas que necesiten nuevas adecuaciones.
“Queremos que este año quede aprobado el Digesto. Eso no significa que al día siguiente desaparezca todo el trabajo pendiente: al contrario, significa que vamos a tener por primera vez una base ordenada y jurídicamente clara desde la cual seguir actualizando la normativa de manera permanente”, señaló Cobos.
En esta nueva etapa, la Comisión continuará con la revisión de los casos de mayor dificultad jurídica, la confección de los anexos definitivos, la consolidación de las normas modificadas sucesivamente y la identificación de las ordenanzas que requieran una actualización legislativa posterior.
“Estamos entrando en la parte más delicada del trabajo. Clasificar miles de normas fue enorme, pero ahora tenemos que convertir esa clasificación en certeza jurídica. El resultado tiene que permitir que cualquier funcionario, concejal, abogado o vecino pueda saber con claridad qué reglas están vigentes en la ciudad”, concluyó Cobos.
