Seis obras de agua y cloacas quedaron sin plata de Nación: la que está casi terminada y ahora deberá pagar la Provincia
La Provincia ratificó el decreto que deja sin plata nacional a seis obras de agua y cloacas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Una está casi terminada, pero ahora deberá pagarla Tierra del Fuego: cuál es y qué pasa con las demás.
El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó los acuerdos con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que dejan sin financiamiento federal a seis obras de infraestructura sanitaria repartidas entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Desde ahora, la administración provincial deberá hacerse cargo de los pagos pendientes a las empresas contratistas y, si decide continuar los trabajos, conseguir los recursos para terminarlos.
La decisión quedó oficializada en el Decreto Provincial 2007/26, con fecha del 13 de noviembre y firma del Poder Ejecutivo. Los convenios los suscribieron el ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y el secretario de Obras Públicas de Nación, Bernardo Heredia. Luego fueron girados a la Legislatura para su intervención constitucional.
El argumento del equilibrio fiscal
La rescisión se apoya en la política de reducción del gasto público del Gobierno de Javier Milei. Según los fundamentos de Nación, el equilibrio fiscal es una premisa irrenunciable, por lo que hay que revisar los programas de financiamiento de infraestructura y ajustarlos a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las cuentas públicas.
El proceso se enmarca en el acuerdo entre Nación y la Provincia de julio de 2024, que fijó las condiciones para redistribuir responsabilidades sobre distintas obras públicas. Durante 2026, la administración fueguina pidió formalizar el traspaso de los proyectos. Los convenios originales se habían firmado a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), disuelto en noviembre de 2024, cuyas competencias pasaron al Ministerio de Economía nacional.
Qué obras quedan alcanzadas
Los seis proyectos tienen distintos grados de avance y apuntan a mejorar el agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales en las tres ciudades fueguinas.
En Tolhuin, la medida abarca la planta de tratamiento de efluentes cloacales del macizo 154 y la ampliación de la planta Tahá, que registra un avance físico del 24,73%.
En Ushuaia, incluye la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza, la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo y la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande. Esta última tiene un avance de ejecución del 92,52%, aunque todavía arrastra obligaciones económicas pendientes para completarse.
En Río Grande, el traspaso comprende la construcción de la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino, destinada a mejorar el tratamiento de los líquidos residuales antes de su disposición final.
La excepción con financiamiento propio
La ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo es un caso particular: registra un avance físico del 6,98% y quedó incluida en la rescisión del convenio nacional, pero tiene una fuente alternativa de financiamiento. Tiene comprometido un aporte de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). Es la única de las seis intervenciones con financiamiento alternativo ya identificado.
Qué obligaciones asume la Provincia
Los acuerdos establecen que Tierra del Fuego deberá pagar los montos pendientes a las empresas contratistas hasta la finalización y recepción definitiva de las obras. También tendrá que hacer las gestiones administrativas, técnicas y presupuestarias para garantizar la continuidad de los proyectos, aunque conserva la facultad de rescindir los contratos de ejecución.
Nación, en tanto, mantendrá las atribuciones de auditoría sobre los fondos ya transferidos y exigirá las rendiciones de cuentas. Si alguna obra no se completa, los anticipos financieros no aplicados deberán regularizarse y los eventuales remanentes tendrán que reintegrarse con una actualización calculada según la tasa activa del Banco Nación.
Renuncia a reclamos y blindaje para Nación
Uno de los puntos más relevantes de los convenios es que la Provincia renuncia a presentar reclamos administrativos o judiciales contra el Estado nacional por cuestiones vinculadas con la ejecución de las obras. Esto abarca posibles demandas por mayores costos, redeterminaciones de precios, trabajos no certificados y otros conceptos económicos derivados de los contratos.
Además, Tierra del Fuego se compromete a mantener indemne a Nación frente a eventuales demandas, sanciones, daños y costas judiciales relacionadas con los convenios rescindidos.
Así, la decisión no solo implica el retiro del financiamiento federal para los trabajos pendientes: también transfiere responsabilidades económicas y administrativas a la jurisdicción provincial y restringe futuros reclamos por los compromisos asumidos.
El impacto recae sobre obras ligadas directamente al acceso al agua potable, el tratamiento de efluentes cloacales y la infraestructura sanitaria de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la rescisión responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, la Provincia deberá reorganizar sus recursos para afrontar los compromisos que antes tenían financiamiento federal. El desafío es garantizar la continuidad y finalización de seis proyectos clave para los servicios públicos y las condiciones ambientales de Tierra del Fuego.