Senado aprueba polémica reforma de glaciares: ¿Qué pasará ahora en Diputados?
El Senado aprobó cambios cruciales en la protección de glaciares, pero la batalla recién comienza. ¿Las provincias tendrán la última palabra sobre estos reservorios de agua? Descubra los detalles del proyecto que enfrenta desarrollo y ambiente.
El Senado de la Nación dio media sanción a una controvertida modificación de la Ley de Glaciares en una tensa sesión extraordinaria. El proyecto del oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, dividiendo a varias bancadas y generando un fuerte debate ambiental. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca transferir a las provincias la facultad de identificar y gestionar sus glaciares, un cambio que sus defensores califican de “federal” y sus críticos de “peligroso”.
Un voto que dividió aguas
La votación dejó al descubierto fracturas políticas. Legisladores del interbloque cristinista como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron al Gobierno, al igual que los recién escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y la tucumana Sandra Mendoza. La única abstención fue la neuquina Julieta Corroza, mientras que el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, votó en contra de manera unificada.
El artículo más observado fue el séptimo del despacho, que permite a cada provincia determinar su autoridad de aplicación, excepto en áreas protegidas por la ley de Parques Nacionales. Esta autoridad provincial deberá identificar, “basándose en elementos técnico-científicos”, los glaciares y el ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas estratégicas.
¿Protección ambiental o desarrollo económico?
Los defensores de la norma, como el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, argumentan que respeta el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, tal como lo establece la Constitución y lo pidió la Corte Suprema. “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa”, afirmó durante el debate.
Por el contrario, opositores como el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) advirtieron que la iniciativa “no resuelve el problema, sino que trae otros”. Criticó que se debilite al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se deje en manos provinciales la decisión de eliminar glaciares del inventario, lo que generaría “un esfuerzo ambiental desigual” entre distritos.
Un debate con altura técnica
La exsecretaria de Energía Flavia Royón ejecutó uno de los discursos más sólidos a favor. “No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias”, aseguró la salteña. Royón aportó un dato contundente: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.
Desde el kirchnerismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cargó contra el proyecto: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener”. Bullrich, en su cierre, sentenció: “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia”.
La reforma se debate en un contexto de intentos del Gobierno por atraer inversiones mega millonarias para reactivar la economía. El destino final de esta ley que promete cambiar el mapa ambiental y productivo del país ahora queda en manos de los diputados.