Senadores de Mendoza dieron el primer paso para cambiar cómo se juzga a los adolescentes: la letra chica que se viene

La Cámara de Senadores aprobó este martes, con 25 votos a favor y 10 abstenciones, el proyecto del Ejecutivo que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil para la provincia. La iniciativa, que ahora deberá revisar Diputados, incorpora un Código Procesal Penal Juvenil y apunta a reemplazar el sistema actual por uno con plazos más estrictos y mayor control de los jueces.

El texto llegó al recinto después de semanas de análisis en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Su punto de partida es la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional de responsabilidad penal juvenil desde los 14 años, que obligó a Mendoza a adecuar su normativa.

Qué cambia en los tiempos del proceso

Uno de los ejes del proyecto es la celeridad. La investigación penal preparatoria para adolescentes tendrá un tope de 12 meses, incluidas todas las prórrogas, mientras que la prisión preventiva no podrá superar los 18 meses.

También se acortan los plazos para imputar: una vez que el adolescente queda a disposición del fiscal, la imputación debe formalizarse dentro de las primeras 12 horas, con posibilidad de extenderlo otras 12 en casos complejos.

El texto refuerza además el control judicial. Un adolescente privado de libertad, su defensa o él mismo podrán pedir en cualquier momento que un juez penal de menores revise la medida. Y si una investigación involucra a mayores y menores, el fiscal de instrucción ordinario no podrá dictar medidas de coerción sobre los jóvenes: esa decisión quedará en manos del fiscal penal de menores.

Mediación y salidas no privativas de la libertad

El nuevo régimen prioriza las alternativas a la privación de libertad. Para eso crea un cuerpo de mediadores que actuará durante la investigación penal preparatoria y funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia, según se definió durante el tratamiento legislativo.

La lógica es que el encierro sea el último recurso. Las herramientas previstas buscan que el adolescente se responsabilice, repare el daño y pueda reinsertarse socialmente.

Qué pasa cuando un adolescente es aprehendido

El proyecto fija un plazo de hasta tres horas para que el fiscal defina el destino del joven una vez que es aprehendido y puesto a disposición del sistema. En ese lapso se debe evaluar si existen familiares o referentes responsables que permitan devolverlo al ámbito familiar. Si no los hay, será trasladado a la Unidad de Protección de Adolescentes (UPANA).

El juicio abreviado, con recaudos especiales

Para el juicio abreviado, el juez deberá evaluar la edad del adolescente, su grado de madurez y desarrollo, sus condiciones personales y su capacidad concreta para comprender el alcance jurídico y las consecuencias del acuerdo.

El consentimiento tiene que ser personal, libre, informado e inequívoco, y prestarse con asistencia de una defensa técnica efectiva. El juez deberá hacer una audiencia personal, con un lenguaje adaptado a la edad y madurez del joven, y comprobar que tuvo tiempo suficiente para analizar la propuesta con su defensa, conocer los hechos que se le atribuyen, su calificación jurídica, las consecuencias del reconocimiento, las alternativas procesales y los derechos y garantías a los que renunciaría si opta por esa vía.

Con la aprobación del Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde podría sufrir nuevas modificaciones antes de convertirse en ley.