Senadores salteños divididos: Royón rechazó la ley de propiedad privada y sus colegas la apoyaron

La votación en el Senado dejó expuesta una grieta entre los representantes salteños. Mientras Flavia Royón fue la única en oponerse al proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita respaldaron la iniciativa del Gobierno nacional.

Royón, de Primero los Salteños, justificó su postura con una dura advertencia: "todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse".

¿Por qué Royón dijo que no?

En el recinto, la senadora explicó que "desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas". Ese recelo la llevó a trabajar en correcciones que lograron eliminar dos de los capítulos más resistidos: el que tocaba el régimen de protección de los Barrios Populares (Renabap) y el que habilitaba cambios en la Ley de Tierras rurales, flexibilizando la venta de tierras a extranjeros.

Pero esos avances no fueron suficientes. Royón enumeró al menos tres puntos críticos que le impidieron acompañar el texto final:

Desalojos: "El proyecto habilita a que cualquier persona que invoque un interés legítimo solicite un desalojo sin proceso judicial previo, equiparando a un inquilino con mora en el pago del alquiler con un usurpador", sostuvo.

Expropiaciones: "Exige al Estado el pago de lucro cesante y una actualización por IPC más intereses, y prohíbe tomar el bien hasta cancelar la totalidad del monto, lo que puede demorar obras públicas y la respuesta ante catástrofes".

Manejo del fuego: "Deroga las restricciones que protegen a pastizales y humedales del cambio de uso del suelo tras un incendio, en el año en que el fuego arrasó más de 230.000 hectáreas en la Patagonia y en medio de la investigación judicial por un incendio en Cafayate vinculado a un presunto negocio inmobiliario".

El respaldo de Guzmán Coraita

En la vereda opuesta, el senador de La Libertad Avanza defendió el proyecto como una aplicación directa de "los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que la propiedad privada es inviolable".

Guzmán Coraita centró su discurso en el régimen de desalojos y aclaró que el proceso sumarísimo previsto no implica un "juicio exprés" ni una vulneración de derechos, sino un mecanismo más ágil para resolver conflictos donde no existen grandes controversias probatorias.