Sesión levantada en Santa Cruz: tres diputados exigen los videos y van por la Presidencia

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz del jueves 8 de octubre terminó levantada en medio de incidentes y cuestionamientos sobre la seguridad dentro del edificio legislativo. Ahora, tres legisladores presentaron un pedido formal de informes al presidente del cuerpo, Javier Santiago Jara, para que explique qué pasó, qué medidas se tomaron antes de dar por terminada la actividad y bajo qué normas se tomó esa decisión.

La presentación la firmaron Adriana Isabel Nieto López, Fabiola Carolina Loreiro y Santiago Aberastain Zubimendi, este último presidente del bloque oficialista. El escrito exige una respuesta "concreta, circunstanciada y documentada" y reclama registros audiovisuales, actuaciones de seguridad y eventuales denuncias vinculadas con una presunta agresión a una trabajadora legislativa.

La propia Cámara había informado que la sesión se levantó porque no estaban garantizadas las condiciones para legisladores y trabajadores, en el marco de los incidentes registrados durante la jornada.

Qué habría ocurrido dentro del recinto

Según el escrito, durante la jornada habrían ingresado al recinto personas ajenas al cuerpo legislativo. Los diputados piden que se precise quiénes fueron, en qué circunstancias entraron, qué ocurrió después y cuáles fueron los hechos concretos que llevaron a considerar que no se podía continuar con la sesión.

El documento menciona además, como información conocida informalmente por los firmantes, un supuesto episodio de violencia que habría afectado a una trabajadora de la institución. Por eso reclaman saber si la Presidencia realizó una denuncia penal, inició actuaciones administrativas o adoptó medidas de protección y asistencia.

Los legisladores aclaran que no cuestionan la necesidad de intervenir frente a hechos de violencia ni la obligación de proteger a quienes estaban dentro de la Cámara. El eje de su planteo es otro: por qué, ante esa situación, se decidió levantar definitivamente la sesión y no recurrir a otras herramientas previstas por el Reglamento. Sostienen que la gravedad de un incidente no permite, por sí sola, concluir que la única salida era terminar con la sesión.

El punto central: qué medidas se tomaron antes de levantarla

Uno de los principales cuestionamientos apunta a los artículos 152 a 159 del Reglamento de la Cámara. Según el escrito, esas disposiciones contemplan distintas herramientas para afrontar alteraciones del orden durante una sesión: llamados al orden, medidas para desalojar a quienes perturben el funcionamiento del recinto, intervención de la fuerza pública y mecanismos de suspensión temporal.

Por eso, Nieto López, Loreiro y Aberastain Zubimendi quieren saber si esas alternativas se usaron y, si no se usaron, por qué se descartaron. El pedido incluye que se detalle si hubo llamados al orden, advertencias, intimaciones de desalojo, pedidos de intervención al personal de seguridad o cualquier otra actuación previa al levantamiento.

Además, solicitan que cada una de esas medidas esté respaldada con documentación, registros audiovisuales, comunicaciones internas o cualquier otra constancia que permita verificarla.

El planteo adquiere especial relevancia porque los firmantes sostienen que el Reglamento contempla la posibilidad de suspender temporalmente una sesión para restablecer las condiciones necesarias y luego reanudarla. La pregunta que dejan planteada es por qué esta vez se optó por el levantamiento definitivo y no por una suspensión o un cuarto intermedio.

También piden saber si se llamó a la Policía

Otro de los puntos centrales del pedido está relacionado con la intervención de la fuerza pública. Los diputados solicitan que se informe si se requirió asistencia policial o de otra fuerza de seguridad, a qué autoridad se hizo el pedido, a qué hora, por qué medio y cuáles fueron las instrucciones impartidas.

Si existió un requerimiento, reclaman copias certificadas de oficios, notas, comunicaciones, registros de llamadas, partes de intervención y demás documentación. Pero también plantean la situación inversa: si no se solicitó la intervención de la fuerza pública, quieren conocer las razones por las cuales se decidió prescindir de esa alternativa.

El pedido incluye además información sobre los protocolos de resguardo utilizados para proteger a diputados, trabajadores, autoridades y demás personas que se encontraban en el edificio.

La discusión sobre el levantamiento definitivo

El planteo de los tres diputados pone el foco en el fundamento reglamentario de la decisión. Por eso solicitan que Jara indique cuál fue la disposición específica del Reglamento en la que se basó para disponer el levantamiento definitivo de la sesión y cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados.

También preguntan si la decisión fue sometida a consideración, consulta o votación del cuerpo legislativo. Los legisladores sostienen que una medida de semejante alcance requiere una fundamentación especialmente rigurosa, porque no solo interrumpe una actividad administrativa: impide que la Cámara continúe con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día.

En su presentación remarcan que el funcionamiento del Poder Legislativo forma parte del sistema republicano y de la división de poderes, por lo que consideran que la interrupción de una sesión debe ser explicada cuando existen dudas sobre las alternativas utilizadas previamente.

Reclaman todos los registros de la sesión

El pedido de informes no se limita a una explicación política o institucional. Los diputados solicitaron copia íntegra y certificada de las grabaciones audiovisuales y sonoras de la sesión, los registros taquigráficos, actas, informes de seguridad, comunicaciones institucionales y demás documentación relacionada con los hechos.

También requirieron los registros fotográficos y fílmicos que pudieran estar en poder del área de Prensa y del personal de la Cámara. De esta manera buscan contar con elementos objetivos para reconstruir qué sucedió antes, durante y después del momento en que se resolvió levantar la sesión.

Qué quieren saber sobre la trabajadora presuntamente agredida

Otro capítulo específico está dedicado a la situación de una trabajadora legislativa que, según el escrito, habría sufrido una agresión durante los incidentes. Los diputados pidieron saber si hubo actuaciones administrativas, informes internos o denuncias penales y, en caso afirmativo, solicitaron las constancias correspondientes.

También reclamaron conocer qué medidas se adoptaron para su protección y asistencia, aunque plantearon expresamente que se preserven los datos personales que legalmente corresponda mantener bajo reserva.

El pedido de informes habla de una presunta agresión y reclama documentación para determinar qué ocurrió. Hasta contar con esas constancias, no corresponde presentar como comprobados los detalles del episodio.

El antecedente de otras sesiones

Los firmantes también invocaron antecedentes de sesiones anteriores en las que, frente a situaciones de desorden, se habría dispuesto un cuarto intermedio para luego retomar la actividad parlamentaria. Por eso solicitan conocer qué circunstancias particulares hicieron que esa alternativa no se aplicara durante la jornada del jueves.

La discusión, entonces, no se limita a determinar si hubo incidentes: apunta a establecer qué ocurrió después de esos episodios y qué evaluación hizo la Presidencia para decidir que la Cámara ya no podía seguir funcionando durante la jornada.

Piden una respuesta en 24 horas

El pedido fue presentado con carácter de urgente e inmediato. Nieto López, Loreiro y Aberastain Zubimendi reclamaron que la respuesta se entregue dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su recepción, sin perjuicio de que la documentación ya disponible sea remitida de manera inmediata.

Los legisladores justificaron la urgencia en la necesidad de esclarecer una decisión que consideran de "extraordinaria trascendencia institucional" y en la necesidad de preservar los elementos probatorios relacionados con los acontecimientos del jueves.

Además, dejaron planteado que una eventual falta de respuesta, la ausencia de documentación o una explicación que consideren insuficiente podrían ser evaluadas posteriormente para determinar eventuales responsabilidades institucionales y legales.

En el escrito incluso anticipan que se reservan el derecho de promover actuaciones administrativas, institucionales y acciones judiciales que pudieran corresponder, incluyendo la posibilidad de recurrir al fuero penal para el esclarecimiento de los hechos y el resguardo del funcionamiento del Poder Legislativo.

Por ahora, el pedido formal coloca en el centro de la escena a la Presidencia de la Cámara y abre un nuevo capítulo después del levantamiento de la sesión: explicar con documentación qué ocurrió dentro y alrededor del recinto, qué medidas de seguridad se tomaron, qué alternativas reglamentarias se evaluaron y por qué finalmente se decidió poner fin a la actividad parlamentaria de este 8 de octubre.