Siete años de cámaras en Clorinda: la pregunta que el municipio de Caniza nunca contestó

El Centro de Monitoreo Municipal de Clorinda fue inaugurado hace siete años. Desde entonces, según el referente político y vecino Víctor Aguirre, nunca se pudo comprobar que haya funcionado de manera efectiva. La polémica por el intento del Ejecutivo de Ariel Caniza de ceder los postes y el tendido aéreo de la ciudad a una firma chaqueña volvió a poner el tema sobre la mesa.

Aguirre reclamó explicaciones concretas a la gestión municipal: qué recursos se destinaron al sistema, en qué estado están las cámaras y por qué persisten las dudas sobre su funcionamiento tantos años después de la presentación pública.

Un pedido de informes que nunca tuvo respuesta

El dirigente aclaró que sus cuestionamientos no son nuevos. Recordó que ya había presentado iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana y conocer el estado de las cámaras distribuidas en distintos sectores de Clorinda.

“Esta situación no es nueva: hace meses presenté el proyecto ‘Ojos en Alerta’ en el Concejo Deliberante y elevé un pedido de informes al intendente para conocer el estado real del sistema de videovigilancia, pero jamás respondieron”, afirmó Aguirre.

El reclamo apunta a los vecinos y comerciantes que piden herramientas eficaces para prevenir hechos delictivos. Sin información oficial, según el planteo, resulta imposible saber si las inversiones cumplieron con el objetivo que se anunció cuando se inauguró el centro.

El acuerdo con Flagstaff Agro S.A.S., bajo la lupa

El otro eje de la denuncia es el expediente que proponía entregar a Flagstaff Agro S.A.S. el uso de los postes y del tendido aéreo municipal. La iniciativa ya había generado objeciones de la oposición en el Concejo Deliberante, que puso en duda los antecedentes de la firma y las condiciones en que se impulsó el acuerdo.

Aguirre apuntó contra la falta de participación de empresas y trabajadores de Clorinda, sobre todo de quienes se desempeñan en instalaciones y servicios de telecomunicaciones.

“¿Por qué no se apostó por las empresas y proveedores locales de nuestra ciudad? ¿Por qué se avanzó con una firma sin antecedentes claros en telecomunicaciones y sin un concurso transparente de precios?”, cuestionó.

Las preguntas buscan esclarecer con qué criterios el municipio avanzó con la propuesta y si existieron instancias de competencia que permitieran evaluar otras alternativas. También piden explicaciones sobre la elección de una empresa cuyo objeto social, según lo señalado por Aguirre, habría sido modificado recientemente en Resistencia.

La seguridad, el trasfondo del debate

Más allá de la discusión por el uso del espacio aéreo municipal, la controversia vuelve a colocar en primer plano la seguridad de los habitantes de Clorinda. Para Aguirre, la falta de información sobre el sistema de monitoreo y la ausencia de respuestas a los pedidos de informes impiden conocer si las inversiones realizadas sirvieron para algo.

El planteo también reabre la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, garantizar el mantenimiento de las cámaras y generar mecanismos de participación vecinal que mejoren la respuesta ante situaciones de inseguridad.

Las preguntas que esperan respuesta oficial

La denuncia deja una serie de interrogantes que solo el municipio puede responder: cuál es el estado real de las cámaras, si el Centro de Monitoreo funcionó desde su inauguración, qué presupuesto se destinó al sistema y cuáles son los fundamentos del acuerdo propuesto con Flagstaff Agro S.A.S.

Hasta que esos datos se conozcan, las dudas sobre la política de videovigilancia municipal seguirán formando parte de la discusión pública. El reclamo de fondo es que la gestión de Ariel Caniza brinde información verificable sobre las inversiones y las decisiones adoptadas, en un tema que involucra tanto el uso de los recursos públicos como la seguridad cotidiana de los vecinos de Clorinda.