Siete años para designar un juez: el dato que incomoda al sistema judicial

Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) encendió las alarmas en Mendoza: los concursos para seleccionar jueces demoran en promedio siete años, desde que arrancan en el Consejo de la Magistratura hasta que el Poder Ejecutivo envía el pliego con la designación.

El dato se presentó durante una jornada de análisis sobre la reforma del sistema de selección, donde especialistas y académicos coincidieron en la necesidad de acortar los plazos para cubrir las vacantes.

Qué dice el relevamiento

El estudio analizó 143 pliegos enviados por el Ejecutivo nacional entre marzo y agosto de 2026. La reconstrucción de los tiempos mostró que los concursos examinados tuvieron una duración promedio cercana a los siete años.

La encargada de exponer los resultados fue Clara Lucarella, integrante de ACIJ, quien remarcó que el problema excede lo administrativo y golpea directamente el funcionamiento de los tribunales.

"Vimos que en promedio los concursos duran alrededor de siete años desde que se inicia el concurso en el Consejo de la Magistratura hasta que finalmente se envía el pliego por parte del Poder Ejecutivo", señaló Lucarella.

La especialista aclaró que ese período incluye modificaciones y movimientos de pliegos, pero que incluso midiendo solo la etapa del Consejo de la Magistratura la demora es considerable: "La duración es en promedio de cuatro años", precisó.

El relevamiento aclara que los siete años son un promedio de los procedimientos analizados y no el tiempo exacto de cada concurso. Además, la medición llega hasta el envío del pliego, por lo que no contempla el plazo completo hasta la asunción efectiva del magistrado.

Vacantes que complican la Justicia

La demora no es solo un trámite lento. Según se planteó en la jornada, cuando un cargo queda vacío durante mucho tiempo, otro juez debe asumir esas funciones de manera temporal. Eso genera mayor carga laboral y puede demorar la tramitación de las causas.

En un sistema que debe dar respuestas en plazos razonables, la acumulación de tareas y la redistribución de expedientes afectan la capacidad operativa de los tribunales.

Más discrecionalidad y postulantes que se caen

ACIJ también advirtió que la extensión de los concursos abre la puerta a nuevas intervenciones y cambios en los órdenes de mérito, incluso después de que algunas instancias ya se completaron. Lucarella describió situaciones en las que un primer dictamen llega al plenario del Consejo de la Magistratura y luego vuelve a la Comisión de Selección, donde puede modificarse antes de ser reconsiderado.

A eso se suma otro fenómeno: la renuncia de postulantes que abandonan el proceso porque se presentan a otros concursos o pierden interés mientras esperan una resolución. Así, las demoras no solo retrasan la cobertura de vacantes, sino que también cambian la composición del grupo de candidatos que sigue en carrera.

Concursos anticipados, una alternativa

Frente a este diagnóstico, una de las propuestas que surgió en la jornada fue ampliar los concursos anticipados: evaluar postulantes sin esperar a que exista una vacante específica. La idea es tener candidatos ya evaluados y órdenes de mérito establecidos para que el procedimiento avance con mayor previsibilidad cuando haga falta cubrir un cargo.

Lucarella vinculó este modelo con la posibilidad de reducir los tiempos y limitar los márgenes de discrecionalidad que hoy tiene el sistema.

El relevamiento de ACIJ reinstaló una discusión central: cómo garantizar procesos de selección transparentes y rigurosos sin que la designación de jueces se estire durante años. Los datos expuestos muestran que el desafío no pasa solo por mejorar la evaluación, sino por acortar los tiempos institucionales y evitar que las vacantes terminen afectando el servicio de Justicia.