Siete imputados, 60 parcelas y un ex funcionario que no logró zafar: el expediente que sigue abierto en El Mollar

La Justicia tucumana rechazó el sobreseimiento de Fernando Rogel Chaler, exresponsable de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, en la causa que investiga la presunta venta ilegal de tierras fiscales dentro de la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar. El juez Mario Velázquez también prorrogó cuatro meses la custodia provincial sobre los terrenos y habilitó que la investigación continúe.

La decisión representa un nuevo capítulo del expediente bautizado Loteo Gaucho Castro, una de las causas más importantes que surgieron de las acciones del Gobierno provincial para recuperar propiedades estatales ocupadas de forma irregular en el Valle de Tafí.

Cómo empezó todo

El caso se originó en noviembre de 2024, cuando personal provincial advirtió durante una inspección que un sector de la Reserva Natural La Angostura estaba ocupado. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó entonces una serie de relevamientos para establecer la situación dominial de esos terrenos.

Los estudios identificaron un predio de unas nueve hectáreas donde particulares habían construido viviendas y montado emprendimientos sobre superficies que, según la posición del Estado provincial, integran el patrimonio público.

Entre esas ocupaciones apareció el Loteo Gaucho Castro, un emprendimiento con una particularidad: varias de sus construcciones llevaban años en el lugar.

La hipótesis de la Fiscalía

La investigación que encabeza el fiscal Miguel Varela reconstruyó una presunta organización dedicada a subdividir y comercializar tierras fiscales. Las operaciones habrían estado respaldadas por documentación y gestiones administrativas usadas para aparentar legalidad.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Juan Pablo Castro, un hombre de más de 70 años, se habría presentado como dueño de terrenos cuya titularidad reclama la Provincia. En ese contexto, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, presuntamente lo habrían convencido de fraccionar el inmueble para ofrecer las parcelas a compradores particulares.

Los investigadores sostienen que ambos agentes habrían iniciado trámites ante la Dirección General de Catastro para respaldar las operaciones, aunque esos procedimientos nunca se completaron.

La pesquisa también alcanzó a Rogel Chaler y al ex comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, quienes habrían colaborado en distintas instancias de la maniobra. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la comercialización de los lotes habría quedado en manos de Trujillo, Barreiro, Damián Romano, nieto político de Castro, y Yanina Mamaní, familiar de uno de los empleados mencionados.

En total, se habrían vendido alrededor de 60 parcelas por montos que oscilaron entre 15.000 y 30.000 dólares cada una. Los compradores aseguraron que adquirieron los terrenos de buena fe y que la intervención de dependencias estatales les dio confianza sobre la validez de las transacciones.

Qué delitos se investigan

Con los elementos reunidos, la Fiscalía formuló cargos contra los siete involucrados por estafa y asociación ilícita. Según la participación individual investigada, también se atribuyeron delitos de usurpación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Las imputaciones fueron admitidas judicialmente, aunque las responsabilidades penales de los acusados todavía deben determinarse.

Durante el expediente se dispusieron medidas para recuperar el inmueble, entre ellas el desalojo del predio y actuaciones sobre las edificaciones existentes. Luego la Justicia ordenó la restitución provisoria de las tierras a la Provincia, que quedó a cargo de su protección mientras avanza el proceso.

El pedido que la Justicia no aceptó

El nuevo capítulo judicial se abrió cuando los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Rogel Chaler, pidieron que su cliente quedara definitivamente desvinculado de la investigación. Argumentaron que, pese al tiempo transcurrido, no se habían incorporado pruebas suficientes para demostrar que el exfuncionario hubiera participado de las operaciones cuestionadas.

La auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, en representación del equipo de Varela, se opuso al planteo y sostuvo que todavía hay diligencias pendientes que podrían aportar información relevante sobre la intervención de los imputados. Entre esas medidas mencionó el análisis de nueva documentación y pericias sobre dispositivos de almacenamiento de información, cuyos turnos habían sido programados para febrero.

Para la Fiscalía resultaba prematuro disponer un sobreseimiento cuando aún quedan pruebas por producir y existen elementos recientes que requieren evaluación. La postura fue respaldada por José María Molina y Horacio Geria, abogados de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante en representación de los intereses provinciales.

Los profesionales coincidieron en que la evidencia incorporada recientemente podría resultar determinante para establecer el grado de participación de los acusados, incluido Rogel Chaler.

La decisión del juez Velázquez

Después de escuchar a las partes, el juez Mario Velázquez rechazó el pedido de sobreseimiento y mantuvo al exfuncionario sujeto al proceso. En la misma resolución prorrogó por otros cuatro meses la medida que permite a la Provincia conservar la custodia de los terrenos recuperados.

También instó a la acusación, la querella y las defensas a agilizar las actuaciones pendientes para evitar nuevas demoras en una investigación iniciada hace casi dos años.

En otra audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente fuera declarado causa compleja, por la cantidad de imputados, la diversidad de delitos investigados y el volumen de documentación y pericias que todavía deben analizarse. La Fiscalía de Estado acompañó el requerimiento y el juez Velázquez hizo lugar al planteo, habilitando la continuidad de la investigación hasta marzo.

Qué queda por resolver

Con estas resoluciones, el expediente por el Loteo Gaucho Castro seguirá abierto mientras se completan las medidas probatorias destinadas a esclarecer cómo se habrían comercializado terrenos del Estado y qué responsabilidad pudo corresponderles a los particulares y exfuncionarios involucrados.

La causa también mantiene pendiente la situación de quienes compraron las parcelas y construyeron viviendas convencidos de que las operaciones eran legítimas, mientras la Provincia sostiene su reclamo sobre la propiedad de las tierras ubicadas dentro de la reserva natural.