El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció recompensas de hasta dos millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizar y detener tres prófugos por el crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado a balazos el 9 de junio en un asalto cometido en su casa de San Antonio de Padua, durante el cual fue herida de gravedad su esposa, informaron hoy fuentes judiciales.
De acuerdo al decreto 2.052/98 -al que tuvo acceso Télam- la cartera encabezada por Sergio Berni difundió la recompensa a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, quienes investigan el caso.
Fuentes judiciales informaron que se ofreció de un millón y medio de pesos para quien aporte datos que ayuden a la investigación para atrapar a Diego Eduardo Correa.
También la suma de dos millones para los que aporten datos para detener a Víctor Ricardo Fernández Galarza y de dos millones por Brígido Achucarro González, quien escapó de la comisaría de Parque San Martín donde estaba alojado.
Las personas que deseen aportar la información mencionada podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, ante la UFI 5 de la Fiscalía General del Departamento Judicial Morón, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, debiendo asegurar la confidencialidad de la información.
Los voceros indicaron que los tres prófugos como los otros detenidos en la causa están acusados del delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa”.
El abogado Javier Baños que representa al uruguayo Walter Rodríguez Sierra, actualmente con prisión domiciliaria como presunto partícipe del hecho, insistió “en la inocencia” de su defendido.
“(Que los investigadores) abran de manera urgente los teléfonos que fueron secuestrados por la Justicia. No existen motivos valederos para que mi defendido continúe la prisión preventiva. La resolución del juzgado de Garantías es arbitraria pero acepto aguardar la apertura de los teléfonos antes de recurrir la decisión”, afirmó a Télam el letrado.
El crimen de Izzo fue cometido el viernes 9 de junio a las 4.20 en una casa de la calle Italia al 1000, a pocas cuadras de la estación de trenes de San Antonio de Padua, donde el comerciante y dueño de un aserradero, vivía con su esposa Susana Petinari, hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.
De acuerdo a la pesquisa, al menos cinco delincuentes llegaron hasta el domicilio a bordo de un Gol gris y cuatro de ellos forzaron una persiana de madera tipo americana de la casa e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio.
Otros dos, en tanto, se quedaron en el auto y en la vereda, por lo que todos ellos fueron captados por las cámaras de seguridad del barrio.
Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación -una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38- con la que salió de la habitación para ver qué sucedía.
En esas circunstancias, se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon y además lo apuñalaron.
La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver, ya que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.
Izzo fue impactado por cuatro proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.
En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.
Días después del crimen, fue detenido Walter Rodríguez Sierra (53), apodado “El Uruguayo”, quien era el dueño del Volkswagen Gol que fue utilizado para cometer el hecho y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario; Gustavo Mac Dougall (49) y Brigido Ricardo Achucarro González (30), este último fugado.
Mientras que ya estaban prófugos con pedido de captura, bajo alerta roja de Interpol, Diego Eduardo Correa (25) y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30).