Sin celdas para menores en Comodoro: qué harán con los chicos detenidos por la nueva ley
La nueva ley ya rige, pero en Comodoro no hay un solo lugar apto para alojar a un menor detenido. ¿Qué solución encontraron las autoridades para el primer caso que ya tuvieron que resolver?
Comodoro Rivadavia no tiene dónde alojar a los menores de 14 a 18 años que queden detenidos bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, y las autoridades judiciales buscan una salida urgente ante el vacío de infraestructura.
El fiscal Cristian Olazábal y la jueza Mariel Suárez se reunieron con los jefes de las comisarías de la Unidad Regional para fijar criterios comunes de actuación, apenas tres días después de que entrara en vigencia la norma, el 5 de septiembre. Del encuentro también participaron defensores públicos y representantes de la Asesoría de Familia.
“La reunión fue para establecer criterios uniformes en cuanto al nuevo régimen penal de menores, ya que no contamos con la infraestructura y las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención”, explicó Olazábal en diálogo con ADNSUR.
Qué alternativas se barajan
Desde la Asesoría de Familia propusieron usar la comisaría de la mujer o la comisaría comunitaria como espacio transitorio, pero la idea fue descartada de entrada. “Rechazamos que sea la comisaría de la mujer porque la conflictividad de violencia familiar que tiene Comodoro es muy alta y era incompatible la permanencia de los menores ahí”, afirmó el fiscal.
Además, señaló que la Unidad Regional les informó que esos lugares no dependen del Ministerio de Seguridad, sino de otra órbita del Poder Ejecutivo. “Se está pensando y trabajando en ese sentido”, dijo.
Otra opción que ya se puso en práctica es el arresto domiciliario. Fue la medida que dispuso un juez penal en el primer caso que tuvieron: ordenó que el menor sea trasladado a su domicilio y que la audiencia de control se realice al día siguiente. Olazábal aclaró que esa alternativa sería, en principio, para delitos menores y con controles, y que permitiría “deslindar responsabilidad por cualquier contingencia que se presente durante su permanencia en una dependencia policial”.
Menores en conflicto con la ley
El fiscal remarcó que no hubo un aumento de casos de menores en conflicto con la ley. “El parámetro siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que nosotros teníamos, hasta antes del 5 de septiembre, menores que cometían delitos de baja lesividad, es decir, daños o una pelea callejera con otros compañeros de escuela, que no quedaban dentro del sistema ni estaban atrapados por el ámbito de la imputabilidad. Pero no es que ha habido un aumento de conflicto de menores con la ley penal”, sostuvo.
En el encuentro se acordaron parámetros de actuación comunes para los conflictos que puedan surgir con chicos de entre 14 y 18 años. “Buscamos alternativas de actuación rápida y de actuación conjunta, también evaluar la intervención de otros organismos”, detalló.
El fiscal recordó que, una vez activada la justicia penal, las medidas de protección pasan a manos de otros organismos. “Hay organismos especializados y serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de determinar qué medidas se toman con ese menor y al cuidado de quién van a permanecer”, señaló.
“La buena voluntad no es suficiente”
La jueza Mariel Suárez fue contundente: las capacitaciones no alcanzan si no hay lugares físicos para alojar a los chicos. “Cada caso es particular y cada caso se va a analizar por parte de las autoridades. Lo que sí les puedo afirmar es que todos los funcionarios estamos recibiendo capacitaciones, pero evidentemente con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes”, afirmó.
La magistrada admitió que la implementación de la norma tomó por sorpresa a los propios operadores del sistema. “Fue una sorpresa porque esta ley salió en marzo, pero fue una sorpresa para muchos operadores que se implemente el 5 de septiembre”, reconoció. Frente a ese desconocimiento, decidieron sentarse a dialogar con el personal policial, que será el encargado de realizar las detenciones en la calle.
“La buena voluntad no es suficiente: necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura y hay muchas cosas para definir”, completó Suárez.