Sobresealados por $87,5 millones en canchas de La Punta, pero Fiscalía de Estado no se queda quieta

El juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, sobreseyó a Miguel Ángel "Micky" Berardo y a Cintia Ramírez en la causa que investigaba presuntas irregularidades en contrataciones durante la última etapa del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. La resolución, fechada el 26 de octubre, se apoyó en el vencimiento del plazo para continuar con la persecución penal y, por ahora, frena el avance del expediente hacia un juicio oral.

La decisión no pasó desapercibida: Fiscalía de Estado anunció que apelará al entender que la acusación se presentó en tiempo y forma, y además apuntó contra el desempeño del fiscal Ricardo Barbeito.

Qué se investigaba y por qué monto

Berardo, exsecretario general de la Gobernación, y Ramírez, exsecretaria de Deportes, estaban imputados por tres hechos de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las acusaciones giraban en torno a contratos firmados con la firma MyD Construcciones en las últimas semanas de la gestión de Rodríguez Saá, en 2023.

El expediente involucraba desembolsos por unos $87,5 millones destinados a tareas de movimiento de suelo, cerramiento y nivelación de canchas de fútbol en La Punta. La investigación buscaba determinar si hubo irregularidades en las contrataciones, en los anticipos financieros y en la ejecución de los trabajos previstos.

El sobreseimiento dictado por Flores Leyes no equivale a declarar que no existieron delitos ni a afirmar la inocencia de los exfuncionarios por los hechos que se investigaban. Se trata de una salida procesal: el juez consideró que el tiempo para seguir adelante con la causa se agotó.

La fecha clave que definió el cierre

Según el magistrado, la acción penal prescribía el 6 de agosto de 2026. La acusación tenía fecha del 5 de agosto, pero el juez sostuvo que no había constancias suficientes para acreditar que el requerimiento de apertura a juicio se hubiera presentado formalmente antes de ese límite. Las defensas recibieron la notificación el 21 de agosto.

Fiscalía de Estado lee la misma secuencia de otro modo: afirma que la acusación se formuló oportunamente y que la resolución judicial debe ser revisada. Esa diferencia de interpretación sobre los plazos es el eje de la apelación que se viene.

Las críticas al fiscal Barbeito

El organismo provincial también cuestionó la actuación del fiscal Ricardo Barbeito, a quien le atribuye una prolongada falta de impulso de la investigación. De acuerdo con esa postura, el expediente habría quedado prácticamente paralizado durante dos años, pese a los reclamos para que avanzara.

Cabe precisar que esos señalamientos son cuestionamientos a su actuación procesal y no una determinación judicial de irregularidades por parte del funcionario.

Qué puede pasar ahora

La apelación de Fiscalía de Estado buscará revertir el sobreseimiento y habilitar que la causa llegue a juicio, instancia en la que podrían examinarse las pruebas y las responsabilidades por las contrataciones bajo investigación.

Por ahora, la polémica se concentra en los tiempos del proceso y en las actuaciones que derivaron en el cierre de una investigación por el manejo de fondos públicos.