La mayoría de este tipo de asesinatos son perpetrados por personas cercanas a las víctimas: 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares directos. Aunque estadísticamente mayoritarios, los femicidios en el ámbito intrafamiliar no agotan los contextos en que se producen los homicidios de mujeres por motivos de género: 1 de cada 5 femicidios se produce en contextos no íntimos, conforme datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de 2024.
A nivel global, la situación es igualmente alarmante. En 2023, 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente, de las cuales 51.000 (60%) murieron a manos de su pareja o de un familiar. En otras palabras, cada día 140 mujeres y niñas son asesinadas en su propio hogar, lo que equivale a una mujer cada 10 minutos.
Las cifras dejan en evidencia una realidad innegable: el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para mujeres y niñas. Mientras que el 60,2% de las mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares, en el caso de los varones esta cifra es del 11,8%, ya que la mayoría de los homicidios masculinos ocurren en el espacio público.
A pesar de los esfuerzos globales por erradicar la violencia de género, los femicidios siguen en niveles alarmantemente altos. Muchos de estos crímenes son evitables con políticas de prevención efectivas, protección adecuada para las víctimas, acceso a la justicia y sanciones para los agresores. Por eso, el Estado tiene la obligación de adoptar estas medidas de manera urgente atendiendo a la especificidad de la problemática, para garantizar que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia y discriminación.
unnamed (1).jpg
La falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos también es violencia
La batalla por el control de la vida y cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres es otra manifestación de la violencia de género. Desde diciembre de 2023 el gobierno nacional ha paralizado la compra de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto seguro, lo que afecta gravemente a varias provincias del país que reportan faltante de stock. A ello se suma el alarmante recorte de métodos anticonceptivos, lo que pone en riego el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y vulnera el derecho de mujeres y adolescentes a decidir si quieren o no ser madres y cuándo.
Los discursos contra el aborto provenientes de las más altas autoridades del Estado no solo desinforman a la población, sino que también contribuyen a que se genere un estigma alrededor del acceso a la práctica. Esto contribuye a intimidar y/o infundir temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan el acceso a la práctica.
En este contexto, Amnistía Internacional alerta sobre el notable aumento de barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, desde que asumió el actual gobierno. La cantidad de consultas que recibió la organización a través del formulario por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 275% en comparación con el 2023. A través del acompañamiento de casos la organización remueve obstáculos estructurales y contribuye a la rendición de cuentas de las autoridades en materia de acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, la organización lleva adelante litigios estratégicos para impulsar el efectivo cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo y frenar los intentos de retroceso en el acceso. En este marco, Amnistía internacional junto con el CELS, Fundeps, MxM y ELA pidieron la recusación de Manuel García Mansilla en la causa “Fiore Viñuales” que busca la declaración de inconstitucionalidad de la ley y se encuentra pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir o no dicho proceso, desde diciembre de 2023. El recientemente juez designado en comisión -de forma inconstitucional por decreto del gobierno y sin acuerdo del Senado- se había pronunciado en reiteradas oportunidades abiertamente en contra del derecho al aborto.
Embarazo no intencional en la adolescencia
La falta de insumos para el acceso a derechos sexuales y reproductivos contribuye a profundizar la desigualdad entre las niñas y mujeres de nuestro país y pone en riesgo su salud, su vida y su futuro. En un país en que cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres, el gobierno decidió echar atrás una política que resultó exitosa. El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) contribuyó a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años. A ello se suma los ataques a la Educación Sexual Integral, que ha funcionado como pilar para la toma de decisiones libres e informadas. Sin embargo, a pesar de la evidencia, el gobierno nacional ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias.
Está demostrado que la maternidad a edades tempranas representa un riesgo para la salud de niñas y adolescentes y es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las infancias en un país en el que cada día un millón de niños se van a dormir sin cenar.
El 8 de marzo no es solo una fecha de conmemoración, sino un llamado urgente a la acción. Es imperativo que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen sus estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Por eso, Amnistía Internacional se suma a la movilización que se realiza este sábado e invita a la sociedad a manifestarse a favor de políticas robustas que protejan y garanticen el derecho de mujeres, niñas y diversidades a vivir una vida libre de violencias.
Embed
