“Es un escándalo, no puede ser que se les pierda la prueba. Y va a traer un quilombo enorme”, grafica una fuente. Habla de dos celulares iPhone (uno modelo 12, color negro y otro XR) y una netbook también Apple color rosada. Pertenecían a Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, y habían sido secuestrados en un allanamiento en septiembre del año pasado cuando comenzaron investigar a la empresa y a su dueño por una posible estafa. Esta semana, casi 8 meses después, finalmente iban a ser peritados. La policía respondió que se les perdieron.
El insólito descuido ocurre en una causa en la que los damnificados, miles de ahorristas que invirtieron en la empresa y perdieron su capital, vienen denunciando que hay una deliberada intención de evitar que avance la investigación.
El caso, complejísimo, investiga si existió una estafa e incluso una quiebra fraudulenta alrededor de la empresa fintech Wenance, que ofrecía préstamos a personas fuera del sistema bancario, los cuales eran sustentados por los inversores que hoy reclaman. Una intermediación financiera para la cual no estaba autorizada la firma.
Muszak y otras cinco personas (Anahí Claudia Cristina Mazalán, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García) se encuentran detenidas por una causa impulsada por el Fiscal de UFI Vicente Lopez Alejandro Guevara, y que se encuentra en el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.
Además, el empresario es investigado en España, Uruguay y en una causa anterior, que arrancó a mediados de 2023 y está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la jueza Paula González.
Pero en enero de este año, un centenar de ahorristas independientes se presentaron con otra denuncia en San Isidro y, en poco menos de cuatro meses, Guevara consiguió material suficiente para ordenar la detención de Muszak. Al CEO lo capturaron el pasado 15 de abril en el barrio de Palermo.
¿Dónde están los teléfonos?
Los teléfonos que hoy están perdidos habían sido secuestrados en los allanamientos que ordenó Cuñarro en septiembre de 2023. El pasado 18 de octubre había pedido a la jueza González que habilite los peritajes. Sin embargo, el trámite se demoró entre pasos administrativos.
Recién el 19 de abril (pocos días después de la detención de Muszak) la División Antifraude de la PFA tomó nota y comenzó a buscar los aparatos en el depósito de la calle Zepita para remitirlos a la División Análisis y Pericias Tecnológicas. Pero no estaban. El extravío de los aparatos fue denunciado por el Subcomisario Marcelo Rodríguez Vimo, de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina.
Ante esta situación, González pidió que se investigue un posible delito de acción pública alrededor de la pérdida de material que puede ser clave. La investigación por la pérdida recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 50. Este capítulo puede ser espinoso para la jueza, si pone el dedo en dilucidar por qué se demoraron tanto tiempo en avanzar con las pericias.
En un documento de seis páginas, al que tuvo acceso este diario, Cuñarro enumeró a la jueza todos los pedidos que hizo para mover el expediente y que fueron desoídos.
“Las medidas que el Tribunal va llevando a cabo no son relevantes ni en miras a dar una respuesta sino meramente dilatorias y en muchos casos sin rumbo con el solo fin de aparentar actividad”, se despacha la fiscal, quien habla de un “franco estancamiento” de la causa y desaconseja que el expediente pase de manos.
Se espera que González resuelva en la próxima semana si pide o no el expediente. De cualquiera de las dos maneras, esa decisión podría ser apelada.
El otro frente que se abrió esta semana es una presentación del abogado Alejandro Liporace, que denunció ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por posible lavado de activos. Es la primera presentación de este tipo en el universo de causas que tiene abierta la empresa.
“Creemos que se habría utilizado algún vehículo financiero en Estados Unidos para mover dinero vía dólar cable fuera del país”, explica Liporace a Clarín. Su caso es particular, ya que además de representar a distintos damnificados, él mismo fue inversor de la empresa y perdió su dinero. La causa ya fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal Nro. 3, de Daniel Rafecas.
Fuente: clarin.com