El caso judicial que rodea al músico Elián Ángel Valenzuela —popularmente conocido como L-Gante— ha dejado de ser un episodio marginal dentro de su carrera mediática para convertirse en una causa de alta sensibilidad institucional. El artista, que en diciembre de 2023 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños, enfrenta hoy una investigación mucho más grave, vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la corrupción de menores.
La causa, impulsada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), avanza en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Morón, bajo la órbita del juez Martín Ramos y del fiscal Sebastián Basso. El expediente, identificado con el número 37370-20204, tiene como punto de partida el allanamiento realizado el 6 de junio de 2023 en la vivienda del cantante, ubicada en el partido bonaerense de Moreno.
Durante aquel procedimiento, llevado adelante por la DDI de Moreno-General Rodríguez, se habrían encontrado mujeres jóvenes en el interior de la vivienda, algunas de ellas presuntamente menores de edad. De acuerdo con la denuncia presentada por una organización especializada en la protección de víctimas de trata, uno de los aspectos más preocupantes del caso es la supuesta adulteración de las actas del operativo para ocultar la edad real de una de las adolescentes presentes.
El mánager y comunicador Jorge Zonzini, que también fue parte activa en la denuncia mediática contra el youtuber Yao Cabrera —recientemente condenado por trata—, se refirió públicamente al expediente: “Una de las menores firmó como si fuera su hermana mayor. Se hizo pasar por María C.M., cuando en realidad era María M.M.”, afirmó. Y fue más allá: “Si se fraguaron actas y hubo connivencia entre fuerzas policiales, personal judicial y el entorno del imputado, estamos ante un caso de gravedad institucional, no ante una persecución por origen social”.
Zonzini también denunció que la escena judicial fue precedida por una maniobra de advertencia interna: “El artista fue alertado del allanamiento y eso impidió que se encontraran elementos clave, como el arma que motivó inicialmente la intervención”. Además, en el mismo operativo se habrían registrado irregularidades por parte de agentes judiciales que omitieron o adulteraron la filiación de las personas presentes.
El entorno de Valenzuela, conocido en el ambiente musical como “La Mafilia”, también fue mencionado en el expediente. Según consta en la denuncia, este grupo estaría vinculado a intimidaciones hacia testigos y víctimas, configurando un comportamiento típicamente mafioso. La PROTEX consideró que hay elementos suficientes para que la justicia federal profundice la investigación sobre este presunto entramado de protección y encubrimiento.
“La Justicia no puede refugiarse en el show”, advirtió Zonzini. “Cuando un juez le dice a un imputado, en cámara, que es un ejemplo para los jóvenes, citando frases de películas, lo que está haciendo es jugar para la tribuna. No para la verdad ni para las víctimas”. La referencia fue directa al juez Ignacio Racca, quien presidió el tribunal que condenó a Valenzuela por las causas previas, y que fue criticado por su discurso indulgente durante la lectura del fallo.
En paralelo, los abogados defensores Alejandro Cipolla (L-Gante) y Guillermo Gastón López (Cabrera) fueron acusados de entorpecer la causa a través de amenazas, operaciones mediáticas y presión sobre periodistas e influencers. Según los denunciantes, estas maniobras forman parte de un operativo más amplio de distracción, montado a partir de escándalos sentimentales y enfrentamientos con celebridades como Wanda Nara y Tamara Báez, con el objetivo de diluir el impacto de las imputaciones penales.
La causa, que continúa en etapa de instrucción, ha sido reforzada en las últimas semanas por el entrecruzamiento de datos entre los juzgados federales de Morón, Escobar, Campana y San Martín. Los investigadores buscan determinar si existió una red coordinada de encubrimiento y explotación, y si el entorno mediático y económico del artista influyó en el tratamiento judicial del caso.
“La justicia no puede ser cómplice del poder”, concluyó Zonzini. “Este no es un caso contra un joven humilde. Es un caso que interpela al sistema: ¿puede el dinero ocultar delitos de esta magnitud? ¿Puede el show proteger al delito?”. Las respuestas aún están pendientes. Pero en la Justicia federal, las piezas comienzan a acomodarse en un tablero que no parece tener final inmediato.
por R.N.
Galería de imágenes
En esta Nota
Fuente: perfil.com