Solo 15 médicos concentran un presupuesto millonario y la Provincia quiere quebrar su monopolio

Diputados de Convergencia Peronista impulsan una ley para declarar a la anestesiología como servicio esencial y declarar una emergencia por seis años, en medio del fuerte poder de negociación que concentran los especialistas en La Pampa.

La iniciativa, que lleva la firma de Espartaco Marín, busca que ninguna medida de fuerza pueda paralizar por completo las cirugías del sistema público: propone garantizar un piso del 75% de las prestaciones durante cualquier conflicto.

El trasfondo también es económico. Según los fundamentos del proyecto, el Gobierno provincial destina unos $8.400 millones al año a la especialidad, dinero que se reparte entre aproximadamente 15 profesionales. En promedio, cada uno recibe cerca de $46 millones mensuales, aunque con descuentos el ingreso en mano ronda los 20 millones, a lo que se suma una cifra similar por su trabajo en clínicas privadas.

La premisa es contundente: sin anestesista no hay cirugía, aunque estén disponibles el quirófano, el cirujano y todo el equipamiento. Esa dependencia estructural es la que los autores quieren modificar, no solo discutiendo honorarios sino ampliando la cantidad de especialistas disponibles.

Más cupos y permanencia obligatoria

Durante la emergencia, los concursos de residencia deberán ofrecer al menos diez cupos de Anestesiología en toda la provincia. Y quienes terminen la formación, tanto los que ingresen después de la sanción de la ley como los que ya estén cursando, deberán cumplir dos años adicionales de servicio en efectores estatales.

El proyecto también contempla incentivos económicos no remunerativos ligados a horas trabajadas y guardias reales, y faculta al Ministerio de Salud a reasignar funciones y horarios para asegurar la cobertura en todo el territorio. Además, habilita convenios con entidades públicas y privadas para cubrir puestos necesarios.

Equivalencias excepcionales y registro público

Una de las herramientas más llamativas es la posibilidad de que, por única vez, médicos de terapia intensiva, cardiología, unidad coronaria y otras especialidades accedan a una equivalencia con el título de anestesiólogo. No implicaría abandonar su especialidad de origen: la práctica anestesiológica sería adicional y complementaria.

También se crearía un Registro Público de Médicos Especialistas en Anestesiología bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Conflictos que vienen de lejos

La relación entre los anestesistas y el Estado pampeano tiene antecedentes de larga data. En 1998, una medida de fuerza de la Asociación Pampeana de Anestesiología dejó sin servicio a los afiliados del Sempre, la obra social estatal. En 2012, ocho anestesiólogos dejaron de prestar servicios y el entonces gerente de la obra social, Omar Martínez Almudévar, denunció que pretendían un incremento de hasta el 120%.

El episodio más fuerte ocurrió en 2016. El 1 de abril de ese año, los profesionales interrumpieron la atención a afiliados del Sempre. La obra social obtuvo una medida cautelar que obligó a mantener las prestaciones y calificó la conducta como “extorsiva”. El reclamo rondaba el 70% de aumento, aunque el acuerdo final fue una recomposición del 29%.

El entonces gobernador Carlos Verna los definió como un “club privado y cerrado”, pero también reconoció el problema de fondo: la falta de especialistas les daba una capacidad de negociación inusual.

En ese mismo año, Salud Pública intentó crear una residencia de anestesiología, pero la asociación que agrupa a los profesionales se opuso argumentando que no había recursos suficientes para formar especialistas. Recién en noviembre de 2016 se firmó un convenio para que prestaran servicios en hospitales públicos y colaboraran en la formación de nuevos profesionales.

Diez años después, la discusión vuelve con una respuesta que pretende ser más estructural. La idea es que el Estado deje de resolver cada conflicto desde una posición de dependencia y cuente con más profesionales, reglas claras para las medidas de fuerza y herramientas para garantizar la continuidad de las cirugías.