Solo 9 de cada 100 kilos de residuos industriales se tratan: dónde termina el resto

La Argentina produce toneladas de desechos industriales cada año, pero apenas el 8,56% recibe un tratamiento adecuado. La cifra surge de estimaciones del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que advierten sobre el destino incierto del resto y los riesgos ambientales que eso conlleva.

El relevamiento calcula que este año se generarán 10,5 millones de toneladas de residuos industriales. De ese total, solo unas 903.708 toneladas pasarían por el circuito formal de tratamiento. El resto queda fuera, sin seguimiento.

Esa porción sin control preocupa porque suele acumularse en basurales, terrenos abandonados y predios de antiguas plantas industriales. La Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) reclaman más fiscalización y exigen identificar los sitios donde hay materiales potencialmente peligrosos.

El problema de lo que no se sabe

Las estimaciones permiten saber qué proporción de residuos se trata, pero no qué pasa con el volumen que queda afuera. Para las entidades, esa falta de información complica la detección de focos de contaminación, la evaluación de sus consecuencias y la definición de dónde concentrar los controles.

“No alcanza con conocer cuántos residuos se generan y cuánto ingresa al sistema formal. También necesitamos saber dónde termina aquello que queda fuera de ese circuito, qué características tiene y qué riesgos puede representar para el ambiente y las comunidades cercanas”, planteó Claudia Kalinec, presidenta de Catries.

Jarosita sobre el Paraná y plomo en Tortuguitas

Las cámaras señalan que el problema no se agota en los basurales clandestinos. También abarca viejos establecimientos industriales que conservan desechos de actividades anteriores. Uno de los casos que mencionan es el predio de Ar Zinc, la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde permanecen unas 863.000 toneladas secas de jarosita, un residuo con metales pesados.

La ubicación de ese material sobre la barranca del río Paraná genera inquietud por la estabilidad del terreno y por el riesgo de que los contaminantes se dispersen. El tema llegó a la Justicia y al Senado provincial, que pidió controles técnicos especializados y un seguimiento permanente del predio.

En Buenos Aires, las entidades también mencionan el caso de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, donde se detectaron establecimientos clandestinos vinculados con el desarme de baterías y la fundición de plomo. Allí, 14 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación laboral, en una investigación que se abrió después de la muerte de un trabajador de 20 años por intoxicación con plomo.

Falta infraestructura para procesar todo

Según las cámaras, a las dificultades para controlar el destino de los desechos se suma una limitación de infraestructura. Buenos Aires y Santa Fe están entre las provincias con mayor capacidad de tratamiento, pero las instalaciones existentes no alcanzarían si todas las empresas generadoras ingresaran al circuito formal.

Neuquén también registra demanda de servicios ambientales especializados por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta. El sector reclama inversiones para ampliar la capacidad y mejorar la tecnología disponible.

“Esta problemática entre la necesidad de tratar mayor cantidad de residuos y la tecnología y capacidad existentes para lograrlo, plantea la importancia de promover inversiones en toda la cadena”, sostuvo Gustavo Solari, presidente de Caitpa.

Para las entidades, ampliar la infraestructura debe ir de la mano de más controles sobre el destino de los residuos y de relevamientos que permitan localizar sitios contaminados, identificar los materiales acumulados y definir las medidas de remediación necesarias.