Solo entre el 10% y el 20% de los residuos patológicos recibe tratamiento antes de enterrarse

La dispersión de basura del vaciadero municipal de Río Gallegos sobre los campos de la estancia Punta Loyola volvió a discutirse en tribunales. Este miércoles 4 de noviembre se realizó una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, encabezada por la jueza María Belén Aguiar, en el marco del amparo ambiental que los responsables del establecimiento rural presentaron en junio de 2025.

Del encuentro participaron Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia; el doctor Leonardo Álvarez Bento; la abogada Gabriela Blaser, representante legal del campo, que intervino por videollamada; el doctor Jorge Cabeza, en representación de Nueva Santa Cruz, la empresa a cargo de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos; y Karina Astudillo Gallardo, abogada de la Municipalidad de Río Gallegos.

La causa, caratulada con el expediente N.º 22197/2025, busca frenar el avance de plásticos y otros materiales desde el relleno sanitario hacia unas 5.000 hectáreas productivas y que el predio funcione según las condiciones del proyecto original y su Estudio de Impacto Ambiental. Las partes ahora tienen cinco días hábiles para presentar informes y propuestas.

En diálogo con La Opinión Austral, Cabeza sostuvo que la audiencia sirvió para poner sobre la mesa cómo funciona el repositorio. “Yo creo que es importante para toda la sociedad de Río Gallegos empezar a conocer un poco más en profundidad lo que es el manejo de la basura, lo que es el nuevo repositorio. Eso es lo que se estuvo tratando en esta audiencia”, expresó.

Un conflicto que arrastra antecedentes

El abogado aclaró que la discusión por la basura excede el amparo de Punta Loyola. “El amparo, como bien dijo la doctora que representa a la estancia, tiene más de un año de tratamiento. Pero como historia también hay otro expediente que lleva ya 10 años, es del 2015, donde se planteó la problemática del manejo de la basura en forma integral”, señaló.

Ese expediente anterior, con intervención del juez Marinkovic, derivó en el cierre del viejo vaciadero al final de la calle José Ingenieros. Según Cabeza, el lugar estaba saturado: los niveles de enterramiento superaban los 15 metros de altura y afectaban la zona de marisma.

La salida fue trasladar la operación al lote 113, un terreno del Ejército Argentino que el Municipio usa mediante una concesión. “Se consiguió ese predio que tiene unas dimensiones también importantes, creo que son alrededor de 50 hectáreas, donde se dispuso empezar a utilizarlo como vaciadero, como repositorio”, indicó.

El nuevo espacio empezó a funcionar alrededor de 2022 con cavas impermeabilizadas con membranas especiales para evitar filtraciones. Cada una mide unos 100 por 200 metros y tiene entre 8 y 12 metros de profundidad. La capacidad, sin embargo, es acotada: “Una cava de esas dura aproximadamente entre 10 y 12 meses de vida útil”, precisó.

Hoy el repositorio recibe cerca de 130 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. A ese volumen se le suman los desechos de frigoríficos, de yacimientos petroleros de la zona de Güer Aike y de establecimientos sanitarios de toda la provincia.

El problema de los residuos patológicos

Uno de los puntos más delicados que expuso Cabeza es el tratamiento de los residuos patológicos que llegan desde hospitales públicos y clínicas privadas de Santa Cruz. La tarea está hoy en manos de COPESA S.A., que asumió de manera transitoria la recolección, el transporte y el tratamiento después de que el Gobierno provincial rescindiera el contrato de LAMCEF S.A.

Para el abogado, la capacidad operativa y el equipamiento no alcanzan. “Los patológicos deben ser intervenidos por una empresa especializada que debe tener los hornos autoclave y los pirolíticos necesarios para secar todo el patológico y recién después trasladarlo”, explicó.

El volumen que ingresa semanalmente es alto: “El horno autoclave no da la capacidad. Estamos hablando de alrededor de 40 camiones semanales de 6 m³ de patológico solamente”, sostuvo.

La consecuencia es que solo entre el 10% y el 20% de esos residuos recibe el tratamiento correspondiente. El 80% restante entra al repositorio sin procesamiento previo y a granel, una modalidad que está prohibida. “¿Qué se hace con esa basura? Se trata de recibirla y taparla de la forma más rápida posible”, admitió.

A eso se suma el clima. Los fuertes vientos de Río Gallegos arrastran los materiales livianos hacia los campos cercanos. “Cuando estamos en temporadas de viento, el impacto cero no existe”, reconoció.

Qué propone la empresa para Punta Loyola

Cabeza aseguró que la empresa entiende el reclamo de los dueños de la estancia. “Nosotros entendemos el planteo que hace Punta Loyola, lo comprendemos totalmente y estamos a disposición para tratar de remediar, en la medida de lo posible, el impacto que sabemos que está sufriendo”, afirmó.

Como antecedente, recordó que antes Nueva Santa Cruz entraba al campo con cuadrillas para juntar los residuos dispersados por el viento, una tarea conocida como bolseo. En determinado momento dejaron de ingresar porque no lograban levantar la totalidad de los materiales.

Ahora propusieron retomar esos trabajos con un operativo conjunto entre la empresa y el Municipio: una cuadrilla de entre 15 y 20 personas que entraría una o dos veces por semana al sector para recoger lo que arrastró el viento. Además, Cabeza acotó el alcance del problema: “No es toda la estancia que está impactada, es el potrero que está limítrofe con el vaciadero”.

También valoró que la Justicia intervenga. “Me parece muy beneficioso que esté interviniendo también el Poder Judicial, porque obliga a darle una mayor celeridad a las decisiones y a la actividad que se va desarrollando en el lugar”, señaló.

Con los informes que las partes deben presentar dentro de los próximos cinco días hábiles, el expediente quedará en condiciones de pasar a resolución. “Seguramente se va a ordenar que se lleven adelante estas medidas para evitar que se siga impactando los alrededores de los campos privados que están cerca del vaciadero”, concluyó.