Somos parias: La explosiva denuncia de la industria tucumana que dejó al descubierto la grieta con el Gobierno

La tensión entre el sector productivo del Norte Grande y el Gobierno nacional estalló en plena visita presidencial a Tucumán. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, lanzó una frase que sintetiza el desamparo: “Somos kelpers, somos parias”, denunciando una asfixia financiera y una total falta de diálogo con las autoridades económicas.

El malestar se hizo visible mientras el presidente Javier Milei participaba del Foro Económico del NOA, enfrentando protestas en las calles y renovando sus críticas. Frente a este escenario, los industriales del norte expusieron una profunda desconexión entre el relato oficial y la realidad de las economías regionales, advirtiendo sobre un colapso inminente de la actividad.

¿Un diálogo inexistente?

La grieta se profundiza por la falta de comunicación. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura en foros internacionales mantener un vínculo fluido con el sector privado, la cúpula industrial tucumana lo desmiente de manera categórica. Al ser consultado sobre su relación con Caputo, Rocchia Ferro fue claro: “No me da bola”. El dirigente incluso reveló que solicitó públicamente una audiencia urgente con el funcionario, sin obtener respuesta.

Esta nula receptividad oficial agrava el conflicto político e institucional, dejando a las empresas locales en una posición de extrema vulnerabilidad frente a las decisiones que se toman desde la Casa Rosada.

La asfixia fiscal que multiplica los costos

El reclamo industrial se sustenta en asimetrías estructurales que encarecen la producción de manera insostenible. Uno de los puntos más críticos es la presión impositiva desmedida sobre los servicios básicos. Rocchia Ferro detalló que la sumatoria de tributos nacionales, provinciales y municipales multiplica los costos operativos de manera desproporcionada.

Para graficar el impacto, precisó un ejemplo contundente: una factura de electricidad de dos millones de pesos “termina siendo $20 millones, por todos los cargos que tiene”. A esta carga fiscal se suma el encarecimiento de los insumos energéticos y una deficiencia histórica en infraestructura logística, con rutas inadecuadas y una red ferroviaria no funcional.

Combustibles, biocombustibles y la amenaza de las importaciones

El sector también cuestiona el esquema de precios de los combustibles y exige un trato diferencial para compensar la falta de acceso a la red de gas natural en la región. “Nos debería costar lo mismo que el sur, USD 2,61”, reclamó el empresario.

La política en materia de biocombustibles es otro foco de fricción. Rocchia Ferro remarcó que esta actividad es vital para el norte argentino y exigió seguridad jurídica. Su mensaje para el Presidente, si tuviera la chance de dialogar, sería directo: “Usted tiene una ley de biocombustibles, cúmplala”.

En el plano comercial, la apertura indiscriminada de importaciones encendió todas las alarmas. Los industriales alertan sobre una competencia desleal frente a productos extranjeros, muchos subsidiados por sus Estados de origen, como China. Ante esto, reclaman la implementación de valores de referencia, revisión de certificados de origen y cupos específicos para resguardar a sectores clave como el textil tucumano.

Un futuro con más cierres y desocupación masiva

El impacto de esta crisis ya proyecta un escenario social dramático. El dirigente recordó que solo la actividad azucarera genera empleo para más de 55.000 personas en el norte, y el sector del limón ocupa a otros 30.000 operarios. La desocupación masiva aparece como una amenaza concreta a corto plazo.

Para dimensionar la gravedad a nivel nacional, Rocchia Ferro aportó un dato alarmante: “En el país han cerrado 26.000 empresas”. Frente a los constantes agravios del Poder Ejecutivo, que tilda a los empresarios de “prebendarios”, los industriales exigen respeto institucional y previsibilidad. Defienden su rol como generadores de valor real y proponen, incluso, condiciones estrictas para la llegada de capitales extranjeros, sugiriendo que el dinero permanezca inmovilizado por al menos 18 meses para evitar la especulación financiera.