Sosa tomó su primera jura como Procurador y hay un detalle que nadie esperaba
El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz elevó un reclamo urgente por demoras de hasta cuatro años. La respuesta del TSJ llegó el mismo día de la jura, pero no todos quedaron conformes.
El Procurador General Eduardo Emilio Sosa encabezó este lunes su primer acto de juramento desde que volvió al cargo, tras más de tres décadas de desplazamiento. La ceremonia se realizó en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y tuvo como protagonista a Micaela Nahir Narvarte, quien asumió como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal ante el máximo tribunal provincial.
El acto fue formal y sobrio. Sosa tomó juramento a Narvarte acompañado por el presidente del TSJ, Gabriel Contreras, y por el fiscal ante el Tribunal Superior, Lisandro de la Torre. También estuvieron los vocales Fernando Miguel Basanta, Sergio Edgardo Acevedo y Juan Lucio Ramón de la Vega, además de magistrados, funcionarios, secretarios y jefes de despacho del Poder Judicial. No hubo invitados externos: la presencia institucional se limitó a la estructura judicial.
La primera jura después de más de 30 años
La importancia de la ceremonia excedió el nombramiento de Narvarte. Fue el primer acto de este tipo que encabeza Sosa desde que regresó formalmente a la Procuración General, después de una historia judicial atravesada por su desplazamiento, los reclamos posteriores y finalmente su restitución.
Sosa había jurado como Procurador General el 3 de julio de 2026, luego de que el gobernador Claudio Vidal dispusiera su restitución mediante el Decreto N° 644, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del acuerdo otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Entre aquella jura y la ceremonia de este lunes 14 de septiembre transcurrieron 73 días.
En aquella primera ceremonia, Sosa había sintetizado el desafío que tenía por delante: "Tengo una sensación de extrañamiento y de satisfacción de saber que se llegó a buen puerto". También había planteado su objetivo: "tratar de ver si uno puede aportar lo mejor posible para las cosas, en definitiva, vayan mejorando y solucionándose". Ahora, con la primera designación formal tomada bajo su autoridad, comienza a verse cómo se conformará el equipo que lo acompañará en esa tarea.
Quién es Micaela Narvarte
La protagonista formal del acto fue Narvarte, quien desde este lunes se desempeña como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Es hija de Carlos Narvarte, el conocido exjuez de Instrucción en lo Penal y del Menor de El Calafate, con una carrera de 19 años en la Justicia donde se destacó por la investigación del homicidio de Fabián Gutiérrez (exsecretario presidencial de Cristina Kirchner) en 2020 y los primeros rastrillajes en la histórica desaparición de la niña Sofía Herrera.
Narvarte se egresó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó por más de 3 años en distintas Defensorías del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. En septiembre de 2025, Lisandro de la Torre le tomó juramento como Letrada Adjunta de la Fiscalía N° 2 ante los Juzgados de Primera Instancia de Río Gallegos. Un año después, exactamente, ascendió formalmente al máximo tribunal de la provincia.
Entre sus tareas estará la asistencia directa al Procurador General y al fiscal ante el Tribunal, Lisandro de la Torre, en la elaboración de proyectos de dictámenes y opiniones jurídicas vinculadas con causas que llegan al Tribunal Superior mediante recursos extraordinarios. También tendrá intervención en expedientes de relevancia institucional, cuestiones de constitucionalidad, conflictos de poderes y revisiones definitivas en materia penal y civil.
Acelerar las causas: el contexto de reclamos
La designación ocurre en un contexto en el que la estructura judicial busca cubrir vacantes consideradas estratégicas y agilizar el movimiento de expedientes. En ese esquema, la llegada de Narvarte aparece como el primer movimiento visible de la gestión de Sosa en el armado de su equipo.
El Poder Judicial tiene varios reclamos formales por la "grave mora judicial en las instancias de revisión". A principios de septiembre de 2026, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) elevó un reclamo formal de intervención urgente ante el TSJ debido a un panorama crítico de demoras de hasta cuatro años.
El mismo día de la jura de Narvarte, el TSJ aprobó una nueva reglamentación con la intención declarada de agilizar los plazos. El Acuerdo tuvo una amplia mayoría inédita. La votaron a favor Daniel Mariani, Paula Ludueña, Fernando Basanta, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega y el presidente del TSJ, Gabriel N. Contreras Agüero. En cambio votó en disidencia la vocal Renée Fernández, mientras que Alicia de los Ángeles Mercau se encontraba en comisión de servicios.
La primera fila y una presencia que llamó la atención
La primera fila estuvo integrada por referentes centrales de la Justicia santacruceña. El vocal Fernando Miguel Basanta se sentó delante de todos y en el centro. A su derecha se ubicaron Sergio Edgardo Acevedo y Juan Lucio Ramón de la Vega.
Entre los magistrados presentes se encontraba la Dra. Yamila Jennifer Bórquez, jueza titular del Juzgado Provincial de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de Río Gallegos, quien asumió formalmente el cargo a mediados de 2025 en reemplazo de la Dra. Valeria López Lestón. También estuvo el Dr. Fernando José Zanetta, juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, y el Dr. Gerardo Antonio Giménez, quien asumió a mediados de 2025 como juez titular del Juzgado Provincial de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos, cubriendo la vacante tras la jubilación de la Dra. Rosana Suárez.
La presencia del juez Gerardo Giménez no pasó inadvertida para varios observadores de la órbita judicial. El funcionario se encuentra al frente de causas que recientemente avanzaron en su juzgado. La Opinión Austral pudo saber que allegados están en alerta porque saben que "esto recién empieza".

